Aseguran que, tras las medidas liberalizadoras aplicadas en 2017, el gobierno de Clavijo vuelve a cargar contra el territorio, usando como excusa la crisis de vivienda
La portavoz de Sí se puede en Canarias, Vanesa Martín, detalló algunas de las cuestiones que su formación ha planteado ante el proceso de exposición pública abierto por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias y relativo al Anteproyecto de Ley de actualización de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
Desde el espacio ecosocialista consideran que esta medida es una “nueva vuelta de tuerca a la liberalización de los usos especulativos y económicos del suelo, sin pensar en la conservación, en su valor estratégico o en medidas de reducción del impacto actual”. Entienden que en el Archipiélago ya existe suficiente experiencia para saber que una reducción de los mecanismos de control ambiental no genera mayor seguridad jurídica en el sentido del respeto a la legalidad y de elementos de interés colectivo, ya sean bienes naturales o patrimoniales.
Vanesa Martín afirma sobre lo que la nueva norma entiende en relación con los proyectos o propuestas de interés público, que “no miden el efecto sobre el futuro de un suelo que es transformado, en un territorio tan limitado como el insular, supone poner en riesgo los deseos y el desarrollo de las futuras generaciones, sometidas al cortoplacismo”. En este sentido desde Sí se puede creen que la protección del suelo agrícola o ganadero debe ser estratégica, piden que se mida este factor, “proyectando a muchas décadas a futuro los usos y las acciones, en un territorio donde el valor de este bien supera en mucho el beneficio inmediato que se pueda lograr con una inversión que implique un cambio en la forma en la que se ve, usa o disfruta un territorio”.
Uno de los elementos que la nueva propuesta plantea es la reducción de los plazos y procesos de participación, lo que ven como una señal que debería alarmar al conjunto de la sociedad, ya que va de la mano de una disminución de los mecanismos de control. “Al disminuir los días y los procesos para las alegaciones, que deberían ser lo suficientemente amplios y adecuados en su difusión que permitan a todas las partes implicadas dar respuesta, se vulneran las normas europeas y se limitan los derechos colectivos frente a los intereses de los promotores”, afirma.
La formación canaria defiende y plantea en sus alegaciones la obligatoriedad de un sistema de información que dé traslado de estos proyectos que puedan generar afecciones a los colectivos formalmente constituidos (entidades ambientales, vecinales, federaciones y confederaciones de asociaciones, así como cualquier otra forma o figura).
Para la portavoz ecosocialista, Clavijo usa una crisis como la de vivienda, “sin aplicar antes ninguna medida de las contempladas en la Ley para favorecer la puesta en uso de las más de 200.000 viviendas vacías que hay en Canarias, siendo una clara excusa para abrir la puerta a todos los proyectos de alto impacto que quepan en nuestra tierra, sacrificar suelo agrícola y natural, además de reducir los derechos de la población”. En este sentido indica que la reducción de los suelos dotacionales a los que obliga la Ley vigente favorece “barrios desarrollados sin que las zonas verdes o los espacios comunitarios estén operativos, suponen lugares menos adaptados y acondicionados para el interés público, donde no se cumplen los principios de igualdad de género comprobados en numerosos estudios sobre los usos de los suelos, además de no ser accesibles y aptos para todas las generaciones”.
En opinión de Sí se puede, mientras las propuestas sobre un cambio de modelo toman fuerza, con múltiples movilizaciones y un cuestionamiento que viene de los movimientos sociales y la academia, “la derecha canaria opta por no dar respuestas y ampliar el problema”. A este respecto señalan como ejemplo el artículo 69.1.e) del nuevo documento, en el que se modifica la referencia a «Los usos turísticos en edificaciones preexistentes» por un modo mucho más ambiguo, como son «Los usos turísticos», permite ampliar a espacios rurales la actividad turística de un modo aún más descontrolado que el actual. Su efecto sobre el territorio y la población hace recomendable que se modifique este redactado para impedir esa práctica o al menos dificultar licencias en este sentido.
Según Vanesa Martín, estos cambios no solo afectan al territorio, la nueva normativa planteada amplifica los problemas, desde la liberalización de usos, a la reducción de controles para actos deportivos de gran impacto, pasando por medidas como las ligadas a la pérdida de la protección de bienes patrimoniales. Destaca que el artículo 161 propuesto, reducen las vías para proteger bienes patrimoniales protegidos con procesos de deterioro. El actual redactado plantea la posibilidad de una demolición superior al 50% de la estructura, sin mecanismos técnicos de control, sin dar cuenta a administraciones competentes en esta materia. “Ni el patrimonio canario está a salvo de una mirada que lo que busca es favorecer el negocio especulativo frente a cualquier aspecto del interés general, es totalmente escandaloso y sabemos el resultado final, si con una normativa algo más estricta las causas judiciales, las denuncias ambientales y los escándalos urbanísticos han estado a la orden del día, imaginemos con una casi total desregulación de las medidas de control o las exigencias de seguimiento público”.
Demandan una respuesta clara y conjunta de toda la sociedad ante este modelo, desde las calles y desde las instituciones, para hacer posible que las demandas de un cambio de modelo no solo sean un discurso, que se conviertan en una realidad. “El Gobierno liderado por CC-PP ha decidido subirse en la pala mecánica, que da riqueza a unos pocos y deja unas consecuencias al conjunto de la sociedad, hay que bajarlos de esa posición usando todas las vías a nuestra mano”, afirma.