Distintos organismos advierten que las leyes restrictivas sólo generan muertes de mujeres, mientras que las regulaciones legalizadoras acompañadas de políticas de salud sexual y reproductiva tienen tasas mucho más bajas de aborto.
En el Estado español pasamos de la penalización del aborto durante el franquismo a una despenalización parcial en tres supuestos en 1985. Hasta ese año se abrieron más de 300 procesos judiciales contra mujeres y profesionales sanitarios por prácticas abortivas, se contabilizaban en torno a 300.000 abortos al año y 3.000 mujeres muertas por abortar. El movimiento feminista siempre denunció que esa despenalización parcial no recogía el derecho de las mujeres a elegir no dar continuidad a un embarazo no deseado y que quedábamos expuestas a la arbitrariedad de jueces y policías.
En el año 2010, tras casi tres décadas de inseguridad y desprotección, llegó una relativa equiparación con el entorno europeo a través de la vigente Ley de salud sexual y reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Aunque dicha ley no ha respondido de forma efectiva a las necesidades reales de todas las mujeres puesto que no ha garantizado la equidad territorial, la plena cobertura pública de la prestación, la regulación adecuada de la objeción de conciencia del personal sanitario ni el desarrollo de las medidas preventivas que contempla, resultan absolutamente intolerables los intentos de recortar la actual regulación en plazos, tal como pretende el Gobierno del PP a través de la “contrarreforma Gallardón”.
La presión constante de sectores ultraconservadores y fundamentalistas, que no ha cesado desde los años 80 y ha ganado una mayor influencia política cada vez mayor, hace que nos encontremos en estos momentos ante la amenaza de retrotraernos al siglo pasado al plantearse supuestos aún más restrictivos que los de 1985. Esta reforma no se justifica en modo alguno y lo único que muestra es que la alta jerarquía católica quiere seguir controlando e interviniendo en la capacidad de decisión de las mujeres sobre sus cuerpos y sus vidas.
Una vuelta atrás en la legislación sobre el aborto en el Estado español no supondrá que las mujeres dejen de abortar, sino simplemente que más de 100.000 mujeres que lo han hecho con la legislación vigente, tendrán graves dificultades para hacerlo con la reforma propuesta por Gallardón, viéndose abocadas a prácticas clandestinas que pongan en riesgo sus vidas y a sufrir penas cárcel por no poder acceder a un aborto seguro en el extranjero. Supondrá también volver a privatizar una prestación que debe ser pública, generará inseguridad en el personal sanitario y nos colocará esta vez sí a la cola de los países europeos.
La lucha por el derecho al aborto es una lucha que no cesa y que está asentada en la convicción profunda de que el derecho a interrumpir un embarazo no deseado es un derecho de alto contenido democrático, pero un derecho en última instancia íntimo, individual e inalienable de las mujeres, que no obliga a quienes por su conciencia o su moral rechacen esta práctica, pero sí requiere de los poderes públicos su cobertura y protección plena.
No podemos retroceder en materia de derechos sexuales y reproductivos y por ello en este 28 de septiembre debemos estar todos y todas en la calle apoyando las movilizaciones impulsadas por el movimiento feminista para frenar la “contrarreforma Gallardón”, exigir la despenalización definitiva del aborto y la aplicación efectiva de la actual regulación de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo.