Sí se puede manifiesta su denuncia, su rechazo y su dolor ante todos los actos de terrorismo machista que sólo se justifican por un profundo desprecio hacia las mujeres por el hecho de serlo.
Los datos son realmente insoportables para sociedades defensoras de los derechos humanos y dejan en entredicho a un sistema social incapaz de garantizar la defensa y la seguridad de la vida de mujeres y niñas y la erradicación de la violencia machista. Aparte del feminicidio, máxima manifestación de la violencia de género (desde el año 1999 cerca de un millar de mujeres asesinadas en el Estado español y 79 en Canarias entre el año 2000 y 2013 por violencia en el ámbito de la pareja), constatamos a través de fuentes como la Macroencuesta efectuada por el Ministerio de Sanidad en 2012 o el reciente informe publicado por la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea que en torno a un 22% de las mujeres denuncia haber sufrido violencia física o sexual y calla ante ello, que un 28% asegura haber sido objeto de violencia sexual en la infancia a manos de un adulto, que el 41% de las encuestadas evitan los espacios públicos considerados “peligrosos” y que el 31 % de la población acepta algún tipo de violencia de control en el seno de la pareja. Las cifras hablan por sí mismas de un fenómeno de grandes magnitudes.
Transcurrida más de una década desde la promulgación de dos leyes contra la violencia de género, la Ley Canaria de 2003 y Ley estatal de 2004, conviene hacer un balance de sus carencias. La ley canaria supuso un avance al incorporar las múltiples formas de violencia hacia las mujeres, pero nació lastrada puesto que no contó nunca con un respaldo económico que la hiciera efectiva. Por su parte, la promulgación de la Ley Orgánica sobre Medidas de Protección integral contra la violencia de Género –con muchas limitaciones, en especial no atender a todas las formas de violencia contra la mujer-, también reconoció y abordó por primera vez esta problemática, pero cuya deficiente aplicación está haciendo que los asesinatos y la inseguridad de las mujeres no cese.
La política de recortes aplicada con la excusa de la crisis-estafa por las distintas Administraciones (estatal y canarias) como por todos los partidos sea cual sea su signo político, se está traduciendo en retrocesos brutales en los servicios públicos de salud, educación, dependencia, servicios sociales, políticas de igualdad y erradicación de la violencia de género. Muchas mujeres están compensando todo el cuidado y la atención que el Estado deja de proporcionar y al mismo tiempo se las está colocando en una situación de mayor vulnerabilidad social y, por tanto, de mayor exposición ante la violencia de género. Consideradas un gasto superfluo en el marco de esta gran recomposición del sistema capitalista, las políticas públicas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres experimentan una absoluta falta de medios materiales y humanos que permita la aplicación efectiva de la legislación contra la violencia de género, lo que está generando una gran desconfianza de las mujeres en el sistema y una total desprotección de sus vidas.
En este sentido, son datos muy preocupantes que, de las mujeres asesinadas en 2013, sólo el 30% haya presentado denuncia, que el número global de denuncias decaiga año tras año -pese a ser elevadísimo tanto en el Estado como en Canarias (sólo en el año 2012 se registraron un total de 7.701 en Canarias)-, que un alto porcentaje de las denuncias se están resolviendo negativamente, que muchos procedimientos por violencia de género se hayan tramitado como delitos de mal trato ocasional y sólo un 11% como delitos de violencia habitual, mientras la realidad de las muertes demuestra lo contrario, o que de las órdenes de protección solicitadas en el primer semestre del año 2013, el 41% fueran denegadas. Es por ello que, transcurrida más de una década desde la promulgación de estas leyes, sigue imparable cada año la estela de muertes y agresiones a mujeres.
Resulta imprescindible exigir la modificación urgente de Ley orgánica para que atienda las distintas formas de violencia de género que sufren las mujeres (las agresiones y abusos sexuales, el acoso sexual y por razón de sexo, la trata con fines de explotación sexual, la mutilación genital, los matrimonios forzados…) y de respuesta real a todas las manifestaciones de la violencia machista. Asimismo, es urgente la aplicación efectiva de la legislación, corrigiendo sus actuales deficiencias y garantizando la especialización de los órganos judiciales de forma que permita dar protección real a la vida y a los derechos de las mujeres. Del mismo modo, exigimos la paralización de los recortes en los dispositivos de intervención frente a casos de violencia de género, así como la adecuada dotación de fondos públicos destinados a erradicarla por parte de todas las Administraciones (Gobierno del Estado, Gobierno de Canarias, Cabildos Insulares y Ayuntamientos).
Es preciso también seguir desarrollando políticas públicas que garanticen la igualdad de oportunidades y la lucha contra la violencia machista en sus distintas formas y ámbitos, que cuenten con la adecuada dotación de recursos para atender a las mujeres que ahora se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, como consecuencia de la reacción neoliberal, neomachista y patriarcal que estamos experimentando en este contexto de crisis económica, social y de valores. En este sentido, exigimos también la retirada de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que elimina las competencias de los ayuntamientos en materia de igualdad.
Es imprescindible que todas las Administraciones apuesten firmemente por la incorporación de programas preventivos frente a la violencia machista, que combatan los valores y estereotipos que aún permanecen en nuestra sociedad, fruto de unos patrones culturales que legitiman la dominación de los hombres sobre las mujeres, y por extensión, sobre sus hijos e hijas, sustituyéndolos por valores basados en la dignidad de todos los seres humanos.
Finalmente, es absolutamente necesaria la implicación de toda la ciudadanía para frenar esta escalada de muertes y violencia cotidiana hacia las mujeres, transmitiendo tolerancia cero ante estas conductas y propiciando la toma de conciencia y la intervención colectiva ante esta lacra que no es responsabilidad sólo de las mujeres, sino de toda la sociedad. Por ello, hacemos un llamamiento a adoptar una posición activa ante la violencia machista, no consintiéndola, no permaneciendo en silencio ante ella, incorporando a nuestra vida los valores del respeto a la igualdad de las mujeres y adoptando posturas de firme rechazo ante las actitudes sexistas y misóginas que la alientan. Por eso, hacemos un llamamiento a secundar las acciones convocadas por el movimiento feminista en las distintas islas y, en particular, por el Foro contra la Violencia de Género en la isla de Tenerife.
¡¡ SÍ SE PUEDE PARAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES ¡!
– Lunes 24 de Noviembre, a las 19.00 h:
VIDEO-FORUM: Presentación del Corto «Violencias Machistas. Visión Crítica desde los Movimientos Sociales», Librería de Mujeres de Canarias, Calle Sabino Berthelot 42, Santa Cruz de Tenerife.
– Martes 25 de Noviembre, a las 19.00 horas:
MANIFESTACIÓN: Bajo el lema «Contra las Violencias Machistas, Rebelión Feminista», salida desde la Plaza de la Candelaria hasta la Subdelegación del Gobierno, donde se procederá a la lectura del Manifiesto (recorrido: Plaza de la Candelaria/Calle Castillo/Plaza Weyler/Calle Méndez Núñez/ Subdelegación del Gobierno).
– Sábado 29 de Noviembre, a las 19.00 horas:
TEATRO-FORUM: Presentación de la Obra «Las que Callamos»,interpretada por Lorenza Machín, con guión de Lorenza Machín y Kika Fumero, Teatro del Círculo de Bellas Artes de Tenerife, Calle Castillo 43, Santa Cruz de Tenerife (entrada gratuita).