Propuestas programáticas de Sí se puede ante las elecciones europeas

1. Contexto general europeo y necesidad de propuestas específicas para Canarias

Las Elecciones Europeas constituyen una buena excusa para repasar y debatir las propuestas de la Izquierda Canaria respecto a la UE y Europa. Como es evidente, el contexto actual viene marcado por la globalización neoliberal (en lo económico) y el conservadurismo (en lo político y cultural): liberalización, privatizaciones, intensificación de las concentraciones de capital y toda clase de recursos en manos de oligopolios y, en general, extensión de prácticas de acumulación por desposesión en torno a recursos estratégicos (tierras, agua, energía…) y servicios públicos esenciales (salud, educación, pensiones…). En definitiva, una auténtica contrarreforma del modelo jurídico, político y social construido tras la derrota del fascismo en la II Guerra Mundial. El Consenso de Bruselas instituye como obligatorio, caiga quien caiga, la consolidación fiscal y, por tanto, la imposibilidad de que los países y los gobiernos europeos se endeuden ni apliquen políticas anticíclicas frente a la crisis; las ayudas financieras sólo se conceden a cambio de un ajuste estructural impuesto; se impide al Banco Central Europeo prestar directamente a los Estados y, en cambio, se facilita capital barato a la banca privada para que especule prestándolo con altas tasas de interés a los gobiernos. La construcción europea reproduce y acentúa un modelo centro–periferia en el que esta última (y en particular el Sur de la Unión Europea) queda condenada a ser un espacio dedicado en exclusiva a la prestación de servicios como los turísticos. Por si fuera poco, se ciernen en el horizonte propuestas como las del Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión (ATCI), que se negocia sin ninguna transparencia democrática entre la UE y Estados Unidos, poniendo en peligro muchos de los aspectos más avanzados del modelo social europeo.

Las políticas de austeridad de la Unión Europea culpabilizan de la crisis a la sociedad y a la deuda ‘pública’, recortan el gasto social y las pensiones, precarizan el empleo, privatizan los beneficios, socializan las pérdidas de la burbuja financiera y nos estrangulan como sociedad. Pero ése no es el origen de la crisis ni de la deuda y estas políticas sólo están favoreciendo a las entidades financieras. La UE olvida su ‘modelo social’ histórico y traza su Estrategia 2020 basándola en medidas contrarias a la recuperación y el bienestar social. Estas perversas políticas de ajuste y contención del gasto público no van sacan a sacar a los países de la recesión ni mejorarán su deuda, pero sí conllevan una pérdida de democracia, de derechos, de justicia y equidad, de bienestar para las mayorías, provocando grandes sufrimientos, muy especialmente a las mujeres.

La desregulación laboral del empleo, unida al recorte de la protección social, hace que derechos, como el de la salud dejen de ser universales al vincularse a la cada vez más difícil participación en el mercado de trabajo regular. La retórica de la sostenibilidad justifica una reducción de las pensiones públicas y traspasa la responsabilidad del Estado al individuo, fomentando con grandes exenciones tributarias los fondos de pensiones privados.

El neoliberalismo redefine el papel de las mujeres en el mercado y en la vida doméstica, propiciando una vuelta al hogar para suplir los cuidados que el Estado deja de prestar. La UE practica un doble lenguaje: por un lado, su estrategia de igualdad pretende equiparar a mujeres y hombres en el empleo y los cuidados; por otro, sus recetas de reducción del empleo público, las medidas económicas como la reforma laboral y de las pensiones, la demolición del sistema universal de salud y del sistema de atención a la dependencia, u otras iniciativas con un marcado sesgo ideológico, como la imposición de la educación separada, la eliminación de la educación para la igualdad o del derecho al aborto, están arrinconando de facto las políticas de corresponsabilidad en los cuidados de las personas y de igualdad de género, concebidas como uno de los lujos que supuestamente no podemos permitirnos en los tiempos que corren.

Por otra parte, es sobradamente reconocido que la actual estructura y modelo de funcionamiento de la UE padece un serio déficit democrático que se expresa tanto en una forma de gobernanza controlada por la Troika (Comisión Europea, FMI y BCE) y un Parlamento con escasos poderes. Por ello creemos necesario erradicar tal modelo de gobernanza y articular un proceso constituyente europeo a través del cual sea posible avanzar hacia la construcción de Europa como un auténtico Estado de derecho democrático y social, en el que el Parlamento Europeo se convierta en un auténtico poder legislativo. Y dentro de ese modelo resulta igualmente imprescindible consolidar un estatus político especial para Canarias, entre otras formas a través de su reconocimiento como región ultraperiférica de ser una comunidad con derecho a una representación propia y diferenciada en el Parlamento europeo.

Estimamos también necesaria la instauración de algunos mecanismos de democracia participativa tales como referéndum e iniciativas legislativas populares de ámbito europeo; y, dado su carácter ultraperiférico y su fragilidad social y económica, de manera específica para las RUPs sobre aquellos asuntos de especial interés para estas regiones

De todo lo anterior se deriva la necesidad de construir respuestas a escala europea, que enfrenten y planteen alternativas globales al presente escenario de hegemonía de los poderes salvajes. Pero al mismo tiempo, resulta imprescindible elaborar y defender un programa específico para Canarias, que complete y complemente los programas generales de las distintas izquierdas que concurren a las Elecciones Europeas.

Canarias es un espacio con una historia y unas circunstancias geopolíticas diferenciadas del resto del Estado español y de Europa. Incorporada compulsivamente a ésta durante el siglo XV, en el contexto de la temprana primera globalización capitalista internacional (de un capitalismo mercantil, aunque todavía no industrial), el devenir del Archipiélago ha estado siempre más ligado a la suerte de lo que sucedía en este sector del Atlántico centro–oriental (guerras y conflictos entre las potencias, pero también fases de activación comercial, relaciones privilegiadas con América y, en menor medida, con el Continente Africano) que, en conjunto, a la Península Ibérica. Se puede argumentar de manera razonada que el modelo económico y social canario aún mantiene elementos de las viejas inercias semicoloniales y, sobre todo, que arrastra a lo largo de su historia un grado de dependencia y extroversión que en el último periodo (coincidente con la incorporación a la UE) no ha hecho sino acrecentarse.

La propia Europa reconoce las especificidades de Canarias –junto con las de otros territorios exteriores y más o menos alejados del ámbito continental europeo–, con el estatuto de ‘región ultraperiférica’. Un estatus que sin embargo ha operado, al menos en el caso de Canarias, principalmente en beneficio de las élites locales y de un modelo económico depredador del territorio, sus recursos naturales y su población.

Para superar esta situación, para este próximo periodo o mandato electoral, las propuestas de Sí se puede se enmarcan en el objetivo de construir un modelo económico mucho más autocentrado, equilibrado, sostenible, socialmente justo y basado en el más alto grado posible de autosuficiencia y soberanía política, económica, alimentaria y energética. Propugnando en tal sentido que Canarias se dote, también en el ámbito de sus relaciones con la UE, de una estructura política con las competencias y medios necesarios para alcanzar tales fines.

2. Europa y su influencia en el medio ambiente canario

Pertenecer a la UE implica consecuencias por sus políticas, pero también por sus normas, tanto por lo que se regula como por lo que se deja de regular: un estado o una comunidad autónoma no pueden restringir determinado producto tóxico o un exceso de embalaje, por ejemplo, si vulnera el principio de la libre circulación de mercancías. Como hemos podido constatar con casos tan evidentes como el del Puerto de Granadilla, la Comisión de Medio Ambiente de la UE se encuentra colapsada por falta de recursos para atender el inmenso volumen de denuncias y asuntos de los que se debe ocupar. Sin embargo, es de justicia reconocer que la defensa del medio ambiente canario a menudo ha encontrado mayor apoyo en las instituciones europeas que en Madrid (sobre todo tras la llegada al poder del PP) o en las propias Islas: si no fuera por la exigencia de las autoridades europeas a las españolas y canarias, nuestro medio natural presentaría un estado de conservación aún peor del actual. Las políticas ambientales, como otras políticas de la UE, han desempeñado un papel contradictorio: el destino que desde Canarias se ha dado a los fondos europeos ha contribuido a destrozar de forma manifiesta nuestro territorio y paisaje (y con él sus ecosistemas, especies y poblaciones); pero otras líneas, como el establecimiento de espacios protegidos dentro de la Red Natura, y las consiguientes obligaciones respecto a su correcta gestión, han resultado ser positivas.

En tal sentido, una idea-fuerza principal que se puede aplicar tanto al caso del Medio Ambiente como a cualquier otro aspecto de la realidad es el siguiente: debemos tener un proyecto de qué Canarias queremos. Y luego con ese proyecto acudir a las instancias europeas a encontrar recursos para implementarlo. La ausencia de un proyecto definido y alternativo para Canarias (incluyendo la gestión sostenible de nuestros recursos naturales) es el mayor déficit político de nuestra tierra. Por esa falta de proyecto, junto a otros intereses espurios, los recursos se malgastan en inútiles puertos industriales, innecesarias ampliaciones aeroportuarias, disparatados trenes de alta velocidad…

De forma general, los modelos y esquemas socioeconómicos y territoriales que se plantean para los ámbitos continentales (que en bastantes casos pueden resultar ya discutibles) resultan del todo inadecuados para espacios como Canarias, marcados por la insularidad, la fragmentación, el pequeño tamaño, el carácter montañoso y la absoluta fragilidad ecológica y territorial. Ni las grandes obras de infraestructura, ni la capacidad de carga, ni el desarrollo de economías de escala pueden ser iguales en las Islas que en la Europa continental. Esta premisa debe de marcar todas las propuestas que se establezcan desde la UE hacia Canarias y otros territorios similares.

De forma particular, empieza a ser imprescindible una política integral para la prevención de incendios que vaya mucho más allá de las acciones de emergencia cuando éstos se desencadenan. Al igual que sucede en las biorregiones de la Cuenca Mediterránea (las mismas que padecen los recortes de la Troika), en Canarias el abandono de la agricultura, unido al agravamiento del Cambio Climático y el desorden territorial (viviendas junto a entornos de proliferación de malezas) favorecen incendios forestales y rurales cada vez más graves y frecuentes. Sólo combinando de forma activa e inteligente políticas medioambientales con las de recuperación y fomento de la agricultura (contratos territoriales, ayudas agroambientales) se podrán prevenir los incendios y garantizar la preservación de los singulares paisajes naturales y culturales de nuestras Medianías, principales sufridoras del abandono, potente erosión y de una grave crisis económica y humana.

3. La PAC, el sector agrario y la pesca

En Canarias, como en casi toda Europa, la Política Agrícola Común no ha logrado garantizar las rentas de los productores agrarios (la media se ha reducido un 10 por ciento, y sus ingresos son un 60 por ciento de los ingresos medios de la población activa en otros sectores). El sostenimiento de precios razonables para los consumidores se ha logrado –al menos parcialmente–, pero a costa de importaciones crecientes de países terceros, con una escandalosa pérdida de soberanía alimentaria (que en Canarias se aproxima al 90 por ciento de dependencia exterior).

La vertiginosa pérdida de empleo en el sector agrario de las Islas se puede revertir de muy diversas formas que contribuyan a mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrarias. Pero lo que viene ocurriendo son costes crecientes (aumento del 38 por ciento) mientras los ingresos se mantienen estables. Esta situación también presenta especificidades: desde el ámbito europeo, Canarias ha recibido en los últimos años ayudas medias por valor de unos 200 millones de euros al año vía programa POSEI, y unos 35 millones de euros adicionales para el Programa de Desarrollo Rural e inversiones afines. En ese marco se estableció el Régimen Especial de Abastecimientos que, con la excusa de abaratar la cesta de la compra de unas islas relativamente alejadas de Europa, se ha convertido en un instrumento hegemonizado por el lobby de los importadores, quienes están logrando obtener subvenciones que van mucho más allá –hasta 5 veces más– de lo que supone el sobrecoste de transporte hasta Canarias. De este modo compiten directamente con muchas producciones agrarias orientadas al mercado local (y con muchas más que podrían desarrollarse de no existir esta competencia desleal). En estas condiciones no es extraño que Canarias sea una de las regiones con menor soberanía alimentaria del Planeta.

No obstante, como apuntamos más arriba, la crisis histórica del campo canario se podría revertir preservando y aumentando nuestro suelo agrícola, mejorando la rentabilidad de las explotaciones agrarias, fomentando y protegiendo la agricultura ecológica, potenciando la eco-innovación y la profesionalización en el sector, aumentando nuestros niveles de autoabastecimiento, promoviendo la diversificación de nuestra agricultura, creando redes de cooperación entre agricultores, ganaderos, comerciantes y consumidores, impulsando la creación de circuitos cortos de comercialización, etc.

Resulta escandalosa la paralización que ha sufrido el reciente intento de reforma del POSEI, promovido por el comisario europeo de agricultura Dacian Ciolos. Las fortísimas presiones políticas procedentes de gobiernos nacionales con regiones ultraperiféricas (en especial Francia y España), de algunas organizaciones empresariales que concentran la mayor parte de las ayudas (subsector platanero), de los importadores isleños principales beneficiarios de las ayudas del REA, y del propio Gobierno de Canarias, dinamitaron este intento de construir un modelo más democrático, que distribuya mejor las ayudas, que potencie el empleo juvenil y una agricultura más respetuosa con el medio ambiente. Todo ello ha sucedido en un marco de ausencia de transparencia y debate público.

Impulsar el agro canario exige también adaptar las medidas europeas a la realidad del Archipiélago. En Canarias, el 93 por ciento de las explotaciones tienen menos de 3 hectáreas, y un 70 por ciento menos de 1 hectárea. Por otro lado, predomina la actividad a tiempo parcial (90 por ciento del total), mientras que sólo un 10 por ciento de los agricultores lo son a tiempo completo. El modelo vigente impide o dificulta considerablemente que este tipo de microexplotaciones pueda acceder a las ayudas de la UE. Las instituciones europeas también deben velar por el cumplimiento en Canarias de las metodologías participativas de Desarrollo Rural de abajo hacia arriba, que el Gobierno de Canarias vulnera de manera sistemática, como vienen señalando los Grupos de Acción Rural que desarrollan su trabajo en el Archipiélago. La política europea debe marcarse también como objetivo apoyar la potenciación del sector agroindustrial de Canarias como generador de empleo, soberanía económica y potencial sector exportador hacia los países vecinos.

En cuanto a la pesca, las políticas de las instituciones europeas han propuesto algunos ejes y actuaciones que apuestan por el desarrollo sostenible de las pesquerías tradicionales; aunque es evidente que no han apostado lo suficiente por ellas al apoyar también y subvencionar actuaciones que han favorecido y potenciando la sobreexplotación de los recursos. La UE tampoco ha mantenido siempre una política social favorable a los trabajadores del mar, sino que más bien ha apoyado la hegemonía de las grandes compañías pesqueras. En Canarias el sector perdió el acceso a su principal caladero histórico; en la actualidad, el 86 por ciento de las embarcaciones son de menos de 12 metros: el sector es artesano incluso en sus barcos mayores y las técnicas de pesca también lo son. Este carácter artesano presenta a su favor el uso de métodos selectivos y respetuosos con la conservación del medio; contribuye a la sostenibilidad social de las comunidades costeras: genera empleo por cuenta propia y es inclusivo en cuanto a edad y género; y lo hace un sector resiliente (adaptable a los cambios). Se conoce aún muy poco del funcionamiento real y complejo de los ecosistemas marinos de Canarias y de la incidencia de la pesca sobre ellos; pero sí se sabe que la mayor parte de los recursos están sobreexplotados. Existe poca vigilancia y poca planificación. En la transformación de los recursos pesqueros (industria conservera) se produjo también una regresión histórica.

En todo este contexto, la apuesta desde Canarias que requiere el apoyo de Europa se basa en el consumo de pescado fresco, local y de temporada. Para hacerlo posible resulta fundamental financiar desde la UE el que se complete e implemente un Sistema de Áreas Marinas Protegidas (basado tanto en Reservas de Interés Pesquero como en los espacios marítimos establecidos en la Red Natura 2000). El caso de la pesca constituye un paradigma de la potencial conciliación entre conservación de la Naturaleza y desenvolvimiento económico sostenible, basada en preservar determinados espacios estratégicos que luego sirven de fuente para la recuperación de los caladeros locales; y, en ciertos casos, también como ámbito para actividades turísticas respetuosas con el medio. Se requiere también limitar desde Europa, con medidas legislativas contundentes, la política pesquera que fomenta la acción de los grandes arrastreros que arrasan los fondos y el ecosistema marino.

4. Energías limpias: convertir Canarias en un espacio demostrativo de la Soberanía Energética posible

[Extractado a partir de las propuestas de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético para Canarias, en la que participa Sí se puede.]

El modelo energético imperante en Canarias es antiecológico, antieconómico, dependiente por completo del exterior y poco transparente. La reciente orientación de la reforma eléctrica del Gobierno de España no está haciendo sino agravar los rasgos negativos del modelo convencional que padecemos: perpetuación de los combustibles fósiles y bloqueo al desarrollo de las energías renovables, para las que Canarias presenta condiciones excelentes; se penalizan, además, políticas de ahorro, eficiencia y el autoconsumo con balance neto.

Por su condición archipielágica e insular, Canarias es aún más dependiente y vulnerable respecto a eventuales desabastecimientos del exterior que los territorios continentales. Además, la amenaza de interrupción del suministro de energía fósil supone para algunas islas y comarcas el riesgo cierto de quedar sin agua potable, debido a nuestra dependencia para la desalación de agua marina. Pero también, y en positivo, nuestras condiciones geográficas son de las más favorables del Planeta para desarrollar un modelo energético mucho más sostenible.

Las instituciones de la Unión Europea pueden y deben desempeñar también un papel activo para incentivar un modelo alternativo, ayudando a poner en marcha en Canarias soluciones, que pueden servir de referente al conjunto europeo y mundial. En concreto, se deben apoyar desde el ámbito europeo las siguientes iniciativas principales:

• Exigencia y apoyo para la adaptación a Canarias (y demás RUP alejadas y con condiciones climáticas diferenciadas a las del territorio continental europeo), de las normativas de eficiencia energética.

• Apoyo para la elaboración, por equipos interdisciplinares y no dependientes del monopolio eléctrico, de una nueva Planificación Energética para Canarias centrada en resolver la dependencia externa de energía, la insostenibilidad económica y medioambiental, el despilfarro y la gestión antidemocrática de los sistemas eléctricos insulares.

• Retirada de subvenciones europeas a la introducción del gas natural en Canarias y, más en concreto, a la construcción de regasificadoras. Por extensión, retirada de toda clase de ayudas europeas al puerto de Granadilla pues, ante la inconveniencia del gas, pierde su última –y única– razón de ser, al resultar inoperativo como hub internacional de contenedores.

• Todos los fondos financieros anteriores (y otros) se deben reorientar al objetivo de convertir a Canarias en un Archipiélago 100×100 renovable en cuanto a producción de electricidad de manera progresiva, con el horizonte del año 2030. Este proyecto debe servir de experiencia demostrativa para el conjunto de la UE (y para el mundo entero).

• Apoyo financiero y logístico de la UE para la constitución en el Archipiélago de una empresa de generación eléctrica de capital mixto (50 por ciento público del Gobierno y los Ayuntamientos de Canarias y 50 por ciento comunitario: miles de pequeños accionistas, cooperativas agrarias y de otro tipo, cajas rurales, etc.), para superar la actual situación de monopolio eléctrico de Unelco-Endesa-Enel. Los objetivos de la empresa serían: desarrollar múltiples plataformas de producción de energía limpia repartidas por todo el territorio –en cada lugar las formas más adecuadas–, democratizar el modelo energético e implementar redes insulares inteligentes de transporte y distribución.

• Apoyo financiero, logístico e institucional de la UE para el desarrollo en Canarias de este modelo energético alternativo mediante programas que permitan no sólo ahorrar muchísimos recursos que hoy destinamos a pagar la factura de los combustibles fósiles (más de 4 mil millones de euros al año), sino crear y sostener en el tiempo miles de puestos de trabajo locales en múltiples actividades relacionadas con la implantación, la gestión, el mantenimiento, la investigación y la exportación de un modelo energético sostenible. Al tiempo, el apoyo normativo de la UE resulta esencial para desbloquear la legislación relativa a autoconsumo con balance neto, que en el Estado Español está paralizada por los grandes intereses de las compañías eléctricas –en evidente connivencia con el Gobierno–, que no desean clientes autónomos.

5. Propuestas en el ámbito económico y fiscal: una reforma del REF favorable a la mayoría social y al desarrollo sostenible de Canarias

Reconociendo algunas singularidades históricas, la UE asumió el sobrecosto que supone el abastecimiento a Canarias y otros territorios alejados de determinados productos estratégicos, e implementó medidas para paliarlo: el Régimen Especial de Abastecimiento (REA). Esas medidas debían resultar compatibles con otras que protegieran la producción propia, así como la posibilidad de financiar desde los fondos europeos (FEDER, FEOGA) algunos proyectos estratégicos para el desarrollo del Archipiélago. Se asumió también, al mayor nivel constitucional de la UE, el particular Estatuto de las llamadas regiones ultraperiféricas, y con él toda una serie de peculiaridades económico–fiscales de Canarias que se concretan en mecanismos como el Régimen Económico Fiscal (REF), la Zona Especial Canaria (ZEC), la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) o la Bonificación por Producción de Bienes Corporales (BPBC), entre otros. El régimen especial de Canarias, actualmente en fase de reforma, parece orientarse ahora hacia aspectos tan regresivos como la posibilidad de invertir los beneficios libres de impuestos de la RIC en el Continente Africano; lo que se enmarca bien en el papel que parece asignar Europa a sus regiones ultraperiféricas: servir de plataforma para expandir su influencia económica, política y militar en las áreas vecinas.

Aunque no existe aún un consenso en la Izquierda Canaria sobre cuál debe ser el modelo global para diseñar la reforma de un REF alternativo, sobre varias cuestiones básicas sí es posible formular ya ideas claras:

• En primer lugar, no es de recibo “exportar” fuera, al Continente Africano, el capital que se dejó de pagar como impuestos basándose en que debía servir para capitalizar la economía del Archipiélago y, sobre todo, generar empleo en una de las regiones con más paro de toda la Unión Europea. Resulta, sencillamente, intolerable.

• Tampoco parece ético, ni práctico, el que se admita destinar los fondos consignados en la RIC para la compra de deuda pública estatal o de la Comunidad Autónoma: el gobierno pide prestado a los empresarios el dinero que les perdona en impuestos, y luego se los devuelve con intereses, sin que hayan servido para ninguno de los fines inicialmente previstos: generación de empleo y reorientación y diversificación del modelo productivo de Canarias.

Por otra parte, si el REF de Canarias debe servir para diversificar un modelo económico como el actual –completamente centrado en el turismo, la construcción (ya colapsada) y algunos otros servicios–, y si la RIC debe seguir existiendo como un mecanismo para la capitalización y reorientación de la economía canaria, parece claro que su regulación debe ir dirigida a la inversión centrada en sectores estratégicos al servicio de una economía mucho menos insostenible y mucho más orientada al bien común. Estos sectores para los que se debería regular la posibilidad de invertir los fondos de la RIC y otras especificidades fiscales de Canarias pueden ser, entre otros, los siguientes:

• Desarrollo de las energías renovables, con el objetivo a medio plazo, como ya se apuntó, de la soberanía energética plena de Canarias

• Agricultura respetuosa con el medio ambiente y orientada de manera preferente hacia el mercado interior.

• Pesca sostenible y con la misma orientación.

• Gestión sostenible de residuos: reciclaje, compostaje de materia orgánica, cierre de ciclos de materiales dentro del Archipiélago Canario.

• Empleos vinculados a todo el ámbito de los Servicios Sociales (y en particular los servicios personales de atención a la infancia, personas mayores, dependientes y con necesidades especiales…), para los que el conjunto del Estado español, y sobre todo Canarias, padece un déficit histórico.

• Iniciativas de movilidad basadas en sistemas de aquellos sistemas de transporte colectivo (frente a la hegemonía casi absoluta en el Archipiélago de la motorización privada e individual) bien adaptados al sistema territorial, como las guaguas; no así a megaproyectos antieconómicos y muy lesivos para el territorio como los trenes de velocidad alta.

• Reorientación del sector turístico para que, con un número igual o inferior de visitantes, genere mucho más efecto de arrastre sobre el conjunto de la economía local, basándose en la puesta en valor del patrimonio natural y cultural de Canarias, en todas sus dimensiones: conocimiento del patrimonio geológico y biológico; senderismo y red caminera; deportes y actividades respetuosas en el medio natural marino; conocimiento del patrimonio histórico, etnográfico, arquitectónico, literario o artístico en general de las Islas, en toda su complejidad y diversidad; consumo in situ de producciones agrarias del País; observación de estrellas, aprovechando la calidad del cielo de Canarias; servicios de turismo terapéutico basado en recursos locales (talasoterapia, balnearios tradicionales…); reorientación de la construcción hacia un sector mucho más pequeño pero centrado prioritariamente en la rehabilitación: de inmuebles, restauración de patrimonio histórico, de espacios degradados, adecuación de las ciudades para hacerlas más humanas, etc.

• Potenciación de actividades económicas sostenibles en el ámbito de la cultura, el ocio y la participación ciudadana.

6. Políticas sociales y de igualdad entre mujeres y hombres específicas para Canarias (y otras regiones atrasadas)

Todas las reformas laborales y sociales emprendidas bajo el auspicio de la Unión Europea están potenciando la creación de un precariado social que se nutre especialmente de jóvenes y mujeres, al incrementarse la desigualdad en el acceso al empleo y producirse un fuerte deterioro de las condiciones laborales. Esta situación se agrava en las llamadas regiones ultraperiféricas y, desde luego, en Canarias, que es en estos momentos la cuarta región con mayor desempleo general, femenino y juvenil de toda Europa. Cerca de un 35 por ciento de población activa del Archipiélago se encuentra en paro y el paro juvenil ronda el 70 de ciento (Canarias acaba de superar incluso, en este triste ranking, a la alejada isla francesa de La Reunión). El empeoramiento de las condiciones y rentas del trabajo están íntimamente ligados al aumento de la exclusión y la precarización social: un 40 por ciento de las familias canarias sobreviven por debajo del umbral de la pobreza.

Aunque las mujeres canarias intensifican el trabajo tanto en el mercado laboral como en el ámbito doméstico, y afrontan la crisis siendo más demandantes de empleo que antes (en Canarias se ha pasado del 51,27 por ciento en 2008 al 56,64 por ciento en 2013), se ven especialmente afectadas por estos retrocesos sociales y laborales: el trabajo a tiempo parcial de las mujeres –ya de por sí muy feminizado– se ha incrementado, los altos índices de paro femenino se mantienen, la brecha salarial se profundiza y la feminización de la pobreza sigue en alza. En el Archipiélago el porcentaje de mujeres en riesgo de pobreza se ha elevado. El perfil de la persona pobre sigue siendo una mujer mayor y/o sola con responsabilidades familiares. Pero la pobreza que más ha aumentado durante la crisis ha sido la infantil y todos los estudios demuestran que las condiciones de los niños y las niñas mejoran más que proporcionalmente cuando las madres tienen ingresos propios.

La destrucción de empleo en el sector público, ampliamente feminizado, empuja activamente a las mujeres al desempleo y multiplica el trabajo doméstico y de cuidado sin remuneración de las mujeres para compensar las grandes pérdidas de servicios públicos y la atención a las personas (sanidad, educación, dependencia). La cuota de cuidados sometida a la esfera política y al control democrático, se invisibiliza, llevando los conflictos de la desigualdad de género al interior de las familias. Las políticas de injusta austeridad aumentan, a su vez, el riesgo de violencia machista, que encuentra su caldo de cultivo en los estereotipos de desigualdad, inferioridad y dependencia, recrudecidos por el recorte de las políticas de igualdad y de prevención y atención a la violencia de género.

Éste y otros muchos indicadores sociales exhiben un panorama tan dramático como excepcional en el marco europeo. Excepcionales deben ser, por tanto, las medidas que se adopten desde todos los ámbitos (también los de la Unión Europea) para contribuir a paliarlo. En tal sentido la Unión Europea debe apoyar con políticas dirigidas a las RUPs, dotadas de una ficha financiera específica, que promuevan:

• Un cambio total de modelo que, lejos de las actuales políticas económicas de austeridad, pongan en el centro los Derechos Humanos, una política económica centrada en las personas y en su buen vivir, y no en el Dios Mercado y los dividendos, un cambio radical de la concepción y gestión de ‘lo económico’. Si no se actúa así, saldremos de esta crisis con más desigualdad social y de género.

• Planes de incentivación del empleo en los sectores de la economía más sostenible; que en el caso de Canarias coadyuve a una efectiva reorientación del modelo económico en las líneas productivas que se apuntaron más arriba, en el punto 4 de este programa, prestando especial atención a las políticas afirmativas de empleo dirigidas a la juventud y a las mujeres (en especial en aquellos nichos de empleo favorables a estos colectivos, como son los empleos públicos).

• Una apuesta por las políticas de igualdad no sólo como compromiso con los Derechos Humanos y con la justicia social, sino también como política económica, porque han demostrado ser motores del desarrollo económico y porque hay una correlación positiva entre igualdad de género, tasas de empleo y crecimiento económico (como demuestran los países escandinavos, cuyos mayores niveles de inclusión de las mujeres en la economía formal y la toma de decisiones permiten aumentar su productividad y mejorar el PIB).

• La recuperación y expansión del Estado del Bienestar, en especial de todos aquellos servicios que reducen los trabajos de las mujeres no pagados: atención a la infancia, mayores y dependencia.

• Un impulso a las Políticas de Igualdad de género en todos los ámbitos: avances hacia la democracia paritaria, la eliminación de la brecha de género en el empleo, los salarios y las pensiones y el desarrollo económico, la superación de la feminización de la pobreza, el impulso de una educación promotora de igualdad.

Consideramos también que, con carácter general, la UE debe preservar el carácter público del sistema educativo –y, en el caso de Canarias, crear un fondo especial que garantice una inversión educativa equivalente al 0,7 por ciento del PIB o superior–; aumentar los fondos de I+D+I para las RUPs; preservar el carácter público del sistema de salud, garantizando el acceso universal y plenamente gratuito al mismo así como ampliando su sistema de cobertura; garantizar la plena laicididad y la estricta separación entre las Iglesias y el Estado; instaurar la democracia paritaria; potenciar los Derechos Humanos de las Mujeres, en especial en lo que se refiere a la protección frente a todas las formas de Violencia de Género y al reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, incluidos el derecho al aborto y el respeto a la diversidad sexual; ello implicará legislación para apoyar la igualdad de las personas LGTBI y legislación para reconocer el derecho al aborto en el marco europeo; frenar los desahucios y ampliar los parques públicos de vivienda. Por último, la dramática situación social de las Islas (y, en general, de las RUPs) exige desde ahora la implantación de la Renta Básica Europea, de modo que toda la ciudadanía canaria tenga garantizado el derecho a un ingreso mínimo.

7. Hacia la Desmilitarización: Canarias como región de Paz, Neutralidad y Codesarrollo con los pueblos vecinos del Continente Africano

En los últimos años se reactivan viejas propuestas conducentes a convertir al Archipiélago en el gendarme de los intereses económicos europeos y norteamericanos en el Noroeste de África: se multiplican las maniobras militares multinacionales, se consolidan viejas iniciativas de espacios militarizados ahora con uso internacional (como el campo de tiro de Pájara en Fuerteventura, o la base naval del puerto de Las Palmas), se plantean otros nuevos (reconversión de un cuartel en base de la OTAN en La Palma, eventual uso militar atlantista del puerto industrial de Granadilla). Los voceros del Ministerio de Defensa español apuestan sin ambages por convertir a Canarias en centro de control de la ‘inestabilidad’ y el ‘peligro del integrismo islamista’ en el vecino Sahel.

Pero esa supuesta inestabilidad tiene sus causas: la mayor parte de los países vecinos a Canarias, del norte y oeste africano, se encuentran entre los más pobres del mundo; con rentas per cápita casi siempre inferiores a 1.000 dólares, tasas de analfabetismo muy importantes (la mitad de las mujeres y la tercera parte de los varones) y tasas de mortalidad infantil escalofriantes (160 por mil, frente a nuestro 6 por mil). Sus economías se orientan en general a satisfacer las demandas de las oligarquías en el poder, impuestas por el mundo ‘desarrollado’, basadas en la producción de alimentos o manufacturas para los consumidores de los países con los que están endeudados, mientras se desatienden las prioridades de su propio desarrollo. Estos productos están luego sujetos a aranceles en las fronteras del primer mundo, haciéndolos no competitivos y hundiendo aún más, si cabe, sus economías, que deben de nuevo solicitar ayudas, dando lugar a una eterna dependencia, la deuda externa (o tal vez mejor, la deuda eterna).

Frente a esta situación, Canarias debe reactivar su voz y su acción en Europa como un espacio activo de Paz y Neutralidad, tal como afirmó de manera mayoritaria nuestra ciudadanía cuando la dejaron expresarse en el referéndum sobre la permanencia en la OTAN el 12 de marzo de 1986. Y también, en lugar de su pretendida conversión en agente agresor a sus vecinos, ya sea en su dimensión militar o comercial, Canarias debe desempeñar con apoyo europeo un papel proactivo que promueva fórmulas de co-desarrollo mutuamente beneficioso con los países y pueblos vecinos, mediante medidas y propuestas alejadas de cualquier esquema militar y neocolonial. Canarias debe servir de altavoz europeo, en todo caso, para seguir denunciando el actual e injusto orden internacional: reivindicando la cancelación de la deuda externa, el cumplimiento de los derechos humanos tanto en el Norte como el Sur, exigiendo que las personas inmigrantes sean atendidas con dignidad en todas las circunstancias de su estancia en Canarias (evitando hacinamientos, denunciando las expatriaciones que contravengan la legalidad, las actuaciones arbitrarias de las fuerzas de seguridad del Estado, etc.).

El Parlamento Europeo debe implicarse mucho más en denunciar y poner fin a los acuerdos pesqueros entre la UE y Marruecos que afectan de manera ilegítima al Banco Canario–Sahariano. Los intereses reales del pueblo canario y de los pueblos de Europa demandan un papel activo en todas las instituciones de la UE para la definitiva solución del contencioso del Sáhara Occidental, y el ejercicio efectivo del derecho de autodeterminación del Pueblo Saharaui, en la perspectiva de la construcción de un estado democrático (la RASD), como uno de los puentes principales para el co-desarrollo mutuamente beneficioso entre África y Europa.

Canarias aspira también, por último, a consolidarse como plataforma de conocimiento y relación política, económica y humana con América Latina: una gran región donde se ensayan y robustecen hoy con éxito políticas de desarrollo muy distintas a las planteadas por la Troika europea; lo que nos acerca ya no solo desde lo afectivo o cultural (como ocurría hasta hace unos años), sino como fuente de esperanza, también para el Viejo Mundo, de que otra sociedad justa y democrática es posible más allá de esta pesadilla del capitalismo neoliberal.

¡Sí se puede!