El portavoz insular de Sí se puede en Tenerife, Fernando Sabaté, ha manifestado su apoyo a las reivindicaciones de los trabajadores de las ITVs de las islas que llevan años luchando contra el Decreto de liberalización del sector en Canarias.
Sabaté señala que “lo de las ITVs ha sido un despropósito tras otro hasta llegar a este momento. Nos preguntamos cómo es posible que Julio Bonis en 2003 prorrogase la concesión a las dos empresas que prestaban el servicio en Canarias, Applus y General de Servicios, sin sacar a concurso público y cuatro años más tarde, sea la propia Coalición Canaria la que saque un Decreto liberalizador del sector arriesgándose a indemnizaciones millonarias que saldrán del bolsillo de las canarias y canarios.
Para el portavoz ecosocialista “resulta sorprendente la actitud de seguidismo del Partido Socialista, actual socio de gobierno de Coalición Canaria, y responsable de la Consejería de Industria, que ha decidido continuar el afán privatizador de los nacionalistas y la actual Consejera Francisca Luengo al más puro estilo Dolores de Cospedal en Castilla La Mancha, será la que lleve a cabo la liberalización definitiva del sector” añadiendo “es vergonzoso que Luengo prometa a los trabajadores y trabajadoras la inexistencia de riesgo de perder sus puestos de trabajo, cuando ni ella sabe dónde estará dentro de dos meses, ni ella es nadie para asegurar los puestos de trabajo en una empresa privada”
Para Sí se puede las liberalizaciones vienen siendo sinónimo de corrupción en el Estado español, ya existen casos de fraudes en ITVs de Castilla La Mancha, o el más conocido el de reparto de concesiones en Cataluña. Considerando un disparate la nueva propuesta del Partido Popular a nivel estatal de dejar que los talleres sean los que monten sus propias ITVs, ya que no se puede ser juez y parte a la misma vez.
Sí se puede apuesta por que el servicio de ITVs vuelva a ser un servicio público, apoyando todo tipo de movilizaciones de los trabajadores contra la liberalización, así mismo, exigirá responsabilidades si el Decreto 93/2007 contrae el pago de indemnizaciones por parte del Gobierno Canario a las empresas que actualmente prestan el servicio.