Ruth Acosta, consejera de la coalición Sí Podemos Canarias en el Cabildo de Tenerife, califica de «falta de miras» el rechazo de la corporación insular. a su propuesta para crear una comercializadora pública energética, basada en las energías limpias y que opere en el sector eléctrico, defendida por ella como moción ante el pleno.
Acosta critica la “pobre argumentación y el nulo interés mostrado por el resto de fuerzas políticas para sacar adelante esta iniciativa, ya que ni siquiera contactaron con nuestro grupo para intentar llegar a un consenso en torno a la propuesta”. La moción de la coalición formada por Equo, Sí se puede y Podemos fue rechazada con los votos contrarios de Cs y PP, y las abstenciones de PSOE y CC.
La consejera reprocha la “inexistente altitud de miras del resto de fuerzas políticas, ya que mientras nuestro grupo ha presentado una iniciativa que contribuiría a proteger a las consumidoras y los consumidores frente al sistema eléctrico, todos los grupos políticos han sacado balones fuera durante el debate y se han ceñido a echarse en cara políticas estatales de gobiernos pasados, quedando retratado su desinterés por buscar soluciones efectivas ante la situación actual”.
La consejera de la coalición critica que PSOE, Cs, PP y CC “opten por apoyar la implementación de una regasificadora de gas natural para su instalación en el Puerto de Granadilla, con el consecuente riesgo de aumento de contaminación que conlleva por ser un combustible fósil; por lo que apoyar la regasificadora es impulsar una medida más contaminante en relación con la implementación de la generación renovable descentralizada, participativa y democrática por la que apuesta nuestro grupo”. De esta manera, asegura, “dan la espalda al desarrollo de una comercializadora pública de electricidad, basada en las energías limpias, que supondría una excelente oportunidad para el impulso de las renovables en nuestra Isla, así como un paso adelante hacia la democratización del sistema energético”.
Acosta defiende que esta entidad “permitiría la compra directa de suministro eléctrico, lo que conllevaría el abaratamiento del gasto público que suponen las facturas de la luz para las administraciones públicas, repercutiendo a su vez en el hecho de que dicho ahorro pueda destinarse al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) o al desarrollo de políticas sociales muy necesarias”. Para su creación, la coalición ha planteado que “se pueda aprovechar el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) como recurso propio en el que apoyarse a la hora de constituir esta entidad, de forma que sirva como una herramienta que ofrezca el soporte técnico necesario al servicio público de comercialización de electricidad”.
Acosta lamenta que esta propuesta “haya sido ninguneada por el resto de grupos políticos, dando también la espalda a la consecuente creación de empleo verde que conllevaría esta comercializadora pública; impidiendo también que haya una posible gestión tarifaria o la posibilidad de disponer de más herramientas para combatir la pobreza energética en nuestro territorio”.