Pedro Fernández Arcila, concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, advirtió hoy que han pasado 13 meses desde que su organización arrancó del Pleno el compromiso de hacer una auditoría sobre el servicio de cementerios, pero el concejal de Obras y Servicios, Dámaso Arteaga, “no ha movido un dedo para adjudicar este trabajo”.
“La única causa que encontramos para este retraso –añadió el concejal– es la posible intención del alcalde, José Manuel Bermúdez, de ocultar la corrupción de la etapa del anterior presidente de la Corporación, Miguel Zerolo, pero en estos días hemos comprobado, con la sentencia del caso García Cabrera, que el tiempo finalmente termina por destapar las ilegalidades cometidas durante el mandato del anterior alcalde”.
Como excusa para no investigar este presunto caso de corrupción, Arteaga llegó a decir hace apenas tres meses que el Ayuntamiento no cuenta con los 30.000 euros necesarios. Ante esta total falta de iniciativa, Arcila ya anunció el pasado mes de junio, y lo reiteró hoy, que presentará la correspondiente denuncia ante los tribunales sobre las gravísimas irregularidades que la organización viene detectando desde enero de 2013.
Además del citado acuerdo para investigar lo que Arcila califica de “pelotazo de libro”, Sí se puede consiguió en el mismo Pleno, celebrado en junio de 2013, el compromiso del grupo de gobierno de comenzar a cobrar a la empresa concesionaria un canon por derechos de explotación del tanatorio al que está obligada; sin embargo, pasados 13 meses tampoco se ha dado ni un paso en este sentido.
Sí se puede destapó este presunto caso de corrupción hace un año y medio, al tener conocimiento de un demoledor informe técnico que en 2005 reveló graves irregularidades en la concesión del servicio de cementerios. Estas están causando pérdidas millonarias al consistorio, que actúa, según Arcila, “como el gerente de una empresa privada que deja que la sociedad de la que es responsable pierda una cantidad ingente de dinero”.