Pedro Fernández Arcila, concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, preguntará en el Pleno ordinario de este mes qué potestades le ha dado la Junta de Gobierno Local a la presidenta de una de las asociaciones de vendedores del Rastro para que ordene y regule la distribución de los puestos o cualquier otro aspecto del funcionamiento de este mercado callejero.
Arcila también quiere saber qué medidas va a tomar el grupo de gobierno para poner punto final a estas irregularidades, que achaca a un posible trato de favor del concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, hacia la presidenta de esta asociación, que está afiliada a Coalición Canaria. El edil no ha dudado en comparar esta forma de actuar con las prácticas clientelares de su correligionario Fernando Clavijo, alcalde de La Laguna y recientemente imputado por tráfico de influencias, entre otros presuntos delitos.
Las irregularidades de las que habla el edil de Sí se puede se podrían evitar en parte si el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, tomara cartas en el asunto y accediera a modificar la ordenanza municipal recientemente aprobada tras escuchar a todas las personas y colectivos de vendedores, sin ningún tipo de intermediarios, para que conozca de primera mano la situación que ha ocasionado esta normativa y proponga soluciones que garanticen la pervivencia de este espacio comercial.
Garantizar todos los puestos
Entre estas modificaciones, Arcila considera imprescindible garantizar la continuidad de todos los puestos del Rastro y que, en consecuencia, no se limite a 631 el número de licencias para el popular mercadillo, pues esta actividad es esencial para cientos de familias del municipio. “Ha habido un empecinamiento del grupo de gobierno por limitar a 631 el número de licencias que puede tener el Rastro, cuando en la actualidad los titulares de puestos de venta llegan a casi el doble”, señala el concejal.