Pedro Fernández Arcila, concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ha pedido hoy explicaciones al edil delegado en materia de Educación, Florentino Guzmán Plasencia, por no haber convocado de nuevo el Consejo Escolar municipal para tratar el problema del servicio de apoyo del colegio de enseñanza infantil y primaria (CEIP) El Chapatal, como se había comprometido en junio, para que los grupos políticos se posicionaran sobre este conflicto.
Arcila ya había pedido en julio la convocatoria urgente de este órgano, del que Plasencia es presidente, para aclarar las causas reales que llevan a la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa del Gobierno de Canarias a privatizar el servicio de apoyo del comedor de El Chapatal.
En la anterior sesión de este órgano, celebrada a mediados de junio ante la inminencia del proceso de privatización –que ya se ha iniciado con el traslado de la mayoría de las trabajadoras a otros centros–, todos los presentes acordaron, ante la opacidad de la información transmitida por la directora general de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa, Georgina Molina, y a propuesta de Plasencia, celebrar un nuevo encuentro en el que se plasmaría de manera definitiva la negativa del municipio y de la comunidad educativa a la privatización.
Sin embargo, transcurridos dos meses continúa sin celebrarse ese encuentro, mientras el proceso de traslado de las trabajadoras está generando gran malestar no solo entre este colectivo profesional, sino en la comunidad de padres y madres de alumnos de El Chapatal. Unas y otros, que se oponen a la privatización, mantienen posturas enfrentadas con la Consejería regional, que sigue sin dar una explicación clara sobre las razones de su decisión.
En la reunión del pasado mes de junio, en la que estuvieron presentes todas las partes implicadas –padres y madres, sindicatos, dirección del colegio, trabajadoras afectadas y directora general, además de los miembros del Consejo, entre los que se encuentran portavoces de los grupos políticos municipales–, Arcila manifestó su rechazo a las insinuaciones de Georgina Molina y pidió su dimisión en caso de que no aclarase las razones reales de la privatización o si hubiera discordancia entre lo insinuado por ella y lo que se reflejara en el expediente administrativo.
Tanto los padres y madres del CEIP como las trabajadoras y el Pleno del Ayuntamiento dejaron clara su postura contraria a la privatización cuando se aprobó, con la única abstención del PP, una moción de Sí se puede en la que se reflejaban las demandas de ambos colectivos del centro en relación con la intención del Gobierno de Canarias de privatizar este servicio y el de otros tres comedores del Archipiélago.