El portavoz de Sí se puede en el Ayuntamiento capitalino, Pedro Fernández Arcila, se ha mostrado favorable al anuncio realizado por el Alcalde, sobre la intención de poner en marcha un proyecto de taxi compartido para Anaga.
La formación política de izquierdas se alegra de que el grupo de gobierno asuma propuestas como la de los taxis compartidos, que forman parte del programa electoral de Sí se puede. Pedro Fernández Arcila explica que este asunto se lo propuso al primer teniente de alcalde, consejero delegado de la Sociedad de Desarrollo y concejal de Economía del Ayuntamiento de Santa Cruz, Julio Pérez, el pasado mes de septiembre, junto con otras medidas para solucionar el conflicto creado por el excesivo número de licencias de taxi en Santa Cruz. Igualmente, esta formación política fue la primera en lanzar la misma propuesta en Santa Cruz, en distintas notas de prensa sobre la mejora de la movilidad en el municipio.
Arcila, a pesar de estos anuncios, sigue echando de menos una política seria e integral de movilidad en el municipio, asegurando que no se han implementado medidas efectivas en esta materia por falta de voluntad de los gobernantes. Sin ir más lejos la formación de izquierdas denunció el pasado mes de diciembre que Santa Cruz, para cumplir la normativa vigente de accesibilidad, tendría que disponer en cinco años de al menos 50 taxis adaptados, cifra que a día de hoy sería difícilmente alcanzable por la escasa cuantía de las subvenciones disponibles para este fin.
El concejal ecosocialista opina que hay que garantizar que la puesta en marcha de este proyecto suponga una auténtica mejora en el servicio que se presta a los vecinos de Anaga y que no vaya en detrimento del mismo, ya que actualmente es insuficiente. “Más allá de la rentabilidad económica, hay que garantizar el derecho a una movilidad sostenible para toda la ciudadanía del municipio, especialmente para los que viven en los núcleos más alejados, que deben tener los mismos derechos que el resto” afirma Arcila.
Desde Sí se puede creen finalmente que de ninguna manera la implantación del servicio de taxi compartido debe utilizarse como argumento para recortar personal de la empresa pública TITSA. Cualquier posible reorganización de las rutas, según Arcila, tendría que hacerse contando con la participación de los representantes sindicales y del vecindario de las zonas afectadas.