El concejal de Sí se puede en La Laguna, Juan Miguel Mena, ha criticado este lunes el anuncio de que el Ayuntamiento gastará más de 10.000 euros en un estudio sobre el grado de felicidad de los vecinos, denominado “La Laguna Feliz”, realizada mediante 2000 encuestas.
Mena cree que este nuevo gasto es un episodio más de “una campaña política en la que ya no se puede inaugurar grandes obras pero si poner en marcha iniciativas publicitarias con fines electoralistas, con escaso efecto real sobre la ciudadanía”.
Desde Sí se puede aseguran que van a pedir todos los datos referidos al coste total de esta campaña y de la consulta auspiciada por el alcalde, Fernando Clavijo, ya que calculan que en ambas se han invertido más de 28.000 euros de los presupuestos municipales, “cuando no tienen más fin que el autobombo”.
El edil ecosocialista asegura que los vecinos de La Laguna han detectado esto en el caso de la encuesta, ya que han tenido que ampliar casi dos semanas el plazo dado por la alcaldía, ya que apenas han logrado cubrir los objetivos. En este sentido aseguran que harán un estrecho seguimiento de la forma en la que se piensa tratar la información recibida y al uso de los datos personales de los encuestados, que deben estar custodiados y tratados conforme a Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
La formación de izquierdas asegura que van a solicitar todas las facturas referidas a ambas campañas y a denunciar públicamente lo que consideran un uso indebido de los recursos públicos, en un momento donde se deniegan proyectos y acciones sociales de gran interés por falta de fondos.
En Sí se puede indican que el Gobierno local tiene datos sobrados sobre el sentir de los ciudadanos, siendo evidente que en cada pleno desde hace meses se llena la sala, que los vecinos cada vez más se están molestando en hacer llegar sus propuestas. “Si CC-PSOE defienden la participación ciudadana deben apostar por medidas concretas, como la puesta en marcha de la Comisión de Quejas y Sugerencias, contemplada en el Reglamento Municipal y en la propia Ley de Grandes Ciudades, o regular la posibilidad de que los vecinos puedan presentar sus propias iniciativas en los plenos e incluso convocarlos, como ya hemos puesto en práctica en Buenavista”, manifiestan.