Juan Miguel Mena, concejal de Sí se puede en La Laguna, presentó en el registro municipal una solicitud según la cual el Ayuntamiento estaría obligado a ampliar el plazo de información pública del actual PGO.
La formación ecosocialista afirma que según el artículo 10 de la Ley 9/2006 de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, se debe proceder a otorgar un plazo de 45 días hábiles de información pública al Informe de Sostenibilidad Ambiental y al documento del Plan General de Ordenación (PGO) aprobado inicialmente por el pleno en sesión extraordinaria, celebrada el pasado 21 de febrero.
Según la interpretación jurídica realizada por Sí se puede el Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) del Avance “señalaba, de manera insistente, que resultaba imposible dar cumplimiento íntegro a lo establecido por el Documento de Referencia para elaborar los Informes de Sostenibilidad de Planes Generales de Ordenación, aprobado mediante acuerdo de la COTMAC”. Tales determinaciones urbanísticas vienen ahora recogidas en el documento de Aprobación Inicial, lo que supone que en este momento el ISA sí cumple con las disposiciones normativas para ser expuesto a información pública en su totalidad.
El artículo 10 de la Ley 9/2006 establece que se expondrá a información pública el ISA por 45 días hábiles, una vez cuente con el contenido exigido por el órgano ambiental competente, en este caso cuando se cumpla con el Documento de Referencia aprobado por la COTMAC para los PGO. Según Mena “este plazo debió iniciarse tras el anuncio en el BOC de la Aprobación Inicial del PGO, de los contrario se estaría incumpliendo la normativa”.
En el escrito la organización de izquierdas señala que este tipo de errores que afectan al derecho de participación ciudadana en materia de medio ambiente puede conllevar a la declaración de nulidad del procedimiento y provocar que lo vuelvan a publicar correctamente, amén de una posible sanción por la Comisión Europea al incumplir una directiva europea, “aspectos que no serían deseable bajo ningún concepto”. Mena pide finalmente que se proceda a aplicar un plazo de información pública, ajustada a las determinaciones legales, es decir, otorgando 45 días hábiles a los documentos aprobados el pasado 21 de febrero.