Sí se puede lleva al pleno del Ayuntamiento de El Rosario una moción para hacer una consulta pública sobre la Ley del Suelo. La encargada de defender la moción será la concejala ecosocialista Beatriz Díaz, que desempeña en el grupo de gobierno municipal las áreas de Medio Ambiente, Agricultura y Patrimonio Histórico. Díaz propondrá a la corporación del municipio metropolitano que apruebe un acuerdo para instar al Gobierno de Canarias a que reabra el periodo de información pública del Anteproyecto de Ley del Suelo por un plazo de seis meses.
Aunque reconoce que la nueva Ley del Suelo allana algunos obstáculos burocráticos que están dificultando el trabajo de los agricultores y ganaderos, sin embargo, Díaz es firme al señalar que el anteproyecto que promueve el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, tiene como objetivo principal “dejar de ser un instrumento de protección y ordenación del territorio, para convertirse exclusivamente en un documento flexible en función de criterios discrecionales”.
El plazo que se plantea en la propuesta “es un tiempo que consideramos necesario para un debate amplio de todos los sectores interesados”, explica el texto de la moción, que apunta a la necesidad de “promoverse el conocimiento y difusión a través de los medios públicos, y en la misma proporción, de las posiciones contrarias y favorables al anteproyecto de ley”, con el fin de garantizar que la opinión pública pueda formarse un criterio propio antes de participar en la consulta.
Sí se puede considera que el citado anteproyecto “es un retroceso evidente en materia de planificación urbanística y territorial en Canarias” y no duda en señalar que significa “un grave retroceso en una planificación sostenible la eliminación de la función de control que desempeña la COTMAC”, según refleja la concejala en la exposición de motivos de la moción.
Díaz defiende la necesidad de mantener la actual estructura, composición y funciones de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC) y rechaza que esta quede “relegada a ser un órgano de asesoramiento”, y apunta que “la experiencia del planeamiento municipal en muchos de los municipios canarios, sobre todo en las áreas más urbanizadas y en las zonas turísticas, ha puesto de relieve la necesidad de la existencia de una instancia de supervisión y control que defienda los intereses comunes de la sociedad frente a los afanes especuladores y los intereses privados desmedidos; una instancia que defienda el planeamiento y sea capaz de regular el conflicto permanente entre los intereses privados y públicos”.
En relación al papel previsto para la COTMAC en el anteproyecto, la concejala de Sí se puede recuerda que la función de este organismo fue esencial en el llamado Caso Varadero, por el que han sido inhabilitados durante siete años el exalcalde de El Rosario, Macario Benítez (PSOE), y la exconcejala de Urbanismo Ana Lupe Mora, hoy en Vecinos por El Rosario (VxER), condenados por prevaricación por haber aprobado ilegalmente un plan parcial ilegal promovido por un empresario. “Sin ir más lejos, en este caso es evidente la función de control ejercida por la COTMAC, que no es recomendable que desaparezca y deje vía libre a toda clase de posibles tropelías”, asegura.
Entre otros aspectos, Sí se puede tampoco está a favor del grado de cesión de competencias de la Comunidad Autónoma a ayuntamientos y cabildos y se suma al juicio emitido por una institución tan acreditada como la Fundación César Manrique. Igualmente, entre sus argumentos en defensa de la moción, la organización ecosocialista planteará al Ayuntamiento de El Rosario que el anteproyecto contempla la posibilidad de anular planeamientos previos en función de intereses inmediatos, públicos o privados, lo que pone en cuestión principios constitucionales, como la igualdad ante la Ley, la seguridad jurídica y la prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos.
Díaz concluye su alegato en defensa de la propuesta de una consulta pública sobre la Ley del Suelo manifestando que “el Anteproyecto de Ley debilita profundamente las garantías de respeto a la legalidad”, debido a que el control previo desaparece y queda solo en pie los informes que puedan emitir las Secretarías y Servicios Técnicos Municipales, que no son vinculantes.