Pedro Fernández Arcila y Asunción Frías, concejales de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, han pedido hoy la creación de una comisión municipal que investigue los tratos de favor que pudo haber recibido la empresa constructora IMES, aparte de la adjudicación –de manera delictiva, como ha sentenciado el Tribunal Supremo– a esta entidad de las obras para la remodelación del Instituto de Enseñanza Secundaria García Cabrera.
Esta actuación, que ha supuesto una condena de ocho años de inhabilitación para cargo público contra el exalcalde Miguel Zerolo y el exconcejal Guillermo Núñez por parte del Alto Tribunal, podría formar parte, según Sí se puede, de una manera de proceder habitual en la etapa en la que Zerolo llevó las riendas de la Corporación, y el contrato a dedo que dio lugar al denominado caso García Cabrera “podría ser solo la punta del iceberg”, según Arcila y Frías.
Ambos ediles propusieron hoy que el alcalde, José Manuel Bermúdez, convoque a todos los portavoces de los grupos políticos para que todos ellos hagan una declaración institucional conjunta, encabezada por el propio Bermúdez, en la que se manifieste el compromiso y la voluntad de dar por definitivamente cerrada la era Zerolo, “una de las etapas más sombrías en la historia reciente de Santa Cruz”, según ambos ediles.
Arcila y Frías se mostraron hoy sorprendidos por el hecho de que Bermúdez haya sido el único cabeza de grupo del Ayuntamiento que no ha hecho la más mínima declaración pública sobre el fallo del Supremo que condena a Zerolo a ocho años de inhabilitación por un delito de prevaricación.
Según los representantes de Sí se puede en el Consistorio, el alcalde debería salir a la palestra para garantizar a la ciudadanía, mediante algún gesto público, que las prácticas llevadas a cabo durante los años de mandato de Zerolo no se repetirán. “De esta manera –señalan–, la ciudad podría empezar a quitarse de encima, ante sí misma y a ojos de los demás, el sambenito del zerolismo, que conlleva una mala fama de la que no es merecedora esta capital”.
Responsabilidad patrimonial
Para dotar a la gestión municipal de mayor transparencia, Arcila y Frías volvieron a proponer hoy, como ya hicieron en el Pleno de enero de 2012, que aquellos cargos públicos que causen daño en su quehacer al conjunto de la ciudadanía respondan mediante un procedimiento de responsabilidad patrimonial.
“Quien la hace la paga”, afirmaron los ediles, que recordaron que los grupos mayoritarios del Consistorio chicharrero –CC, PSOE y PP– votaron en aquel Pleno contra una moción de Sí se puede en la que se proponía abrir un expediente de responsabilidad patrimonial contra Zerolo y sus equipos de gobierno por diversas actuaciones que han supuesto un perjuicio para el erario, entre las que destacan la operación de compraventa de Las Teresitas y el caso Fórum, que siguen en manos de la justicia y podrían llevar al exalcalde a prisión.
Sobre esta responsabilidad, Arcila señala que la ley contempla que aquellos representantes públicos que “por dolo, culpa o negligencia adopten resoluciones o realicen actos con infracción de las disposiciones legales estarán obligados a indemnizar a la corporación local los daños y perjuicios que sean consecuencia de aquellos, con independencia de la responsabilidad penal que pudiera corresponder”.