Rubens Ascanio, portavoz de Unid@s se puede y uno de los denunciantes del caso grúas, asegura que “la estrategia de Fernando Clavijo de pedir el traslado del caso al Tribunal Supremo no tiene el más mínimo recorrido jurídico y es inviable, al no estar formalmente investigado por el momento”.
El edil lagunero entiende que la situación actual implica que “posiblemente en cuestión de días el exalcalde lagunero quede imputado por este caso, ya que la propia jueza del Juzgado Nº2 solicitó su investigación como presunto responsable de delitos que tienen que ver con la malversación de caudales públicos y prevaricación en el mes de agosto”.
Desde el principal grupo de la oposición lagunera responden a los portavoces de Coalición Canaria que el elemento clave del retraso judicial ha sido “la voluntad de dilatar en el tiempo una toma de decisión, producto del ansia por aferrarse al privilegio del aforamiento que parece mostrar el presidente canario”.
La organización lagunera indica que una vez se haga oficialmente el traslado del caso al Juzgado Nº2 de La Laguna, van a reiterar la solicitud de declaraciones pedidas en el mes de abril, en las que pedían la comparecencia de testigos claves en este proceso como el propietario original de la empresa de grúas, José Padilla, los trabajadores denunciantes de las ilegalidades cometidas y Tomás Febles, exsocio de Clavijo y que aparece como representante de parte de los trabajadores que adquirieron Autogrúas Poli SL en 2011.
Ascanio asegura que “la estrategia de Clavijo de llamar a este proceso una “denuncia política” habla del endiosamiento en el que se encuentra, agravado por el apoyo de su partido, dispuesto a arropar a multitud de candidatos inmersos en procesos por corrupción”. Entiende que “sería tremendamente irresponsable que cualquier cargo público, tras el detallado estudio de los expedientes que realizamos y con las declaraciones obtenidas en la comisión de investigación de las grúas, dejara de ejercer su función, que es la de aportar transparencia, hacer propuestas, pero también denunciar las acciones ilegales”.
Insiste en que en este momento “el proceso seguirá su curso, siendo preocupante el desparpajo que tiene CC en arropar a un candidato que entendemos que fue responsable de privatizar un servicio público para colocar a dedo a personas afines, generando con ello un coste superior para las arcas municipales y poniendo en riesgo recursos públicos para sustentar esa operación”. Rubens Ascanio finaliza señalando que “no somos cómplices de la política del enchufe, aunque forme parte del ADN de ciertas fuerzas políticas, su coste repercute en los servicios públicos y genera redes clientelares, ese tiempo es parte de un pasado que quedará olvidado en mayo”.<