Rubens Ascanio, portavoz de Unid@s se puede en el Ayuntamiento de La Laguna, anunció este jueves que su representación legal en el caso grúas presentará en las próximas horas una recusación contra el presidente del Tribunal Superior de Justicia, por su participación en el “intento de mantener los privilegios de aforamiento de Fernando Clavijo”.
Pedro Fernández Arcila, abogado de los denunciantes, denunció en septiembre de este año a Antonio Doreste por hechos como “el abuso de la condición de juez para obtener un trato favorable e injustificado de autoridades, funcionarios o profesionales”; y “La ignorancia inexcusable en el cumplimiento de los deberes judiciales”. Igualmente el escrito acreditará “los vínculos existentes entre Antonio Doreste y Coalición Canaria, motivo por el cual el magistrado debía haberse abstenido de participar en esa causa que afecta al máximo responsable de esa organización política en el Archipiélago”. Es por ello que los denunciantes consideran “incompatible la intervención liderada por Antonio Doreste para realizar una contestación express al escrito presentado por los abogados de Clavijo”.
El concejal de la confluencia lagunera afirma que Clavijo está usando “una maniobra desesperada para intentar evitar el traslado de este caso nuevamente al Juzgado lagunero, en el que la jueza ya emitió un dictamen favorable a su imputación”. Ascanio considera significativo que, cuando quedan pocos días para la publicación del nuevo estatuto de autonomía en el BOE, Fernando Clavijo “se lance a la desesperada a mantener su aforamiento con una operación en la que pretende evitar un proceso normalizado y que todas las actuaciones solicitadas se realicen”.
Cree que son “maniobras vergonzantes para tratar de evitar lo que es inevitable, su imputación por un caso claro de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, según manifestó en su momento la propia Audiencia Provincial”. El principal grupo de la oposición lagunera cree que otro de los elementos detrás de esta medida es “el intento de una decisión de archivo sin que se hayan realizado todas las pesquisas solicitadas por las acusaciones”, en este sentido recuerda que “hay declaraciones pendientes, pedidas hace meses, y documentación solicitada que acreditarán los delitos señalados por las acusaciones”.
Ascanio afirma que si esta maniobra torticera se cumple “no tendremos el menor reparo de trasladar este caso al Tribunal Supremo, ya que entendemos que es un caso claro de mal uso de una administración pública, puesta al servicio de la colocación política de afines, arriesgando un servicio público y fondos municipales, algo que no puede quedar impune”.