Sí se puede celebra que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife haya decidido recuperar el aparcamiento municipal de la Avenida Tres de mayo, como reclamó durante años el grupo de la organización ecosocialista en la corporación. Asimismo, considera que el gobierno municipal debe informar a la Fiscalía para que valore si existió delito en las irregularidades cometidas en este aparcamiento público, cuya explotación traspasó ilegalmente y sin autorización municipal hace casi 20 años a la entidad mercantil Corte Inglés SA. la empresa concesionaria del servicio, Inversiones Parque SA., propiedad de Antonio Plasencia.
En esta línea apuntó una de las últimas mociones defendidas en el mandato pasado por el portavoz del grupo de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Fernández Arcila, quien, en enero de 2019, propuso al pleno incoar expediente para la resolución del contrato, así como informar a la Fiscalía, tras solicitarlo anteriormente en otras iniciativas ante el Pleno y la Comisión de Control sin que el gobierno de CC llevara a buen término los acuerdos plenarios promovidos por el grupo ecosocialista en este sentido.
Además, a juicio de Sí se puede, “en paralelo a estas recuperaciones municipales, debe crearse una empresa pública de aparcamientos públicos municipales, como existe en toda ciudad que quiera acometer con seriedad políticas de movilidad sostenible en los cascos urbanos”, subraya el portavoz ecosocialista.
“Es una lástima que el gobierno de Patricia Hernández haya adoptado esta decisión con carácter de urgencia cuando está amenazado por una moción de censura, que ojalá no prospere; se ha perdido un año fundamental para resolver no solo la situación de otros aparcamientos públicos de Santa Cruz, como los del Estadio y el Intercambiador, sino también en la defensa de otros intereses públicos que no podía demorarse”, señala Arcila.
Sí se puede denunció los hechos del aparcamiento de Tres de Mayo en noviembre de 2015 y accedió en 2016 al expediente sobre su gestión; desde entonces exigió en múltiples ocasiones a los máximos responsables de CC en esta materia, el alcalde, José Manuel Bermúdez, y el concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, que dejaran de ser cómplices de las irregularidades comprobadas y renunciaran a proteger a un empresario nefasto para los intereses del pueblo de Santa Cruz, hasta el punto de que en estos momentos cumple condena por uno de los principales perjuicios causados por sus empresas, el derivado del caso Las Teresitas.
La iniciativa de Sí se puede en 2019 se basó en la falta de actuación por parte del gobierno de Bermúdez después de que, a raíz de una intervención del grupo ecosocialista en la Comisión de Control, se informara en mayo de 2016 que se había incoado un expediente para tramitar la resolución del contrato, dadas las evidentes irregularidades cometidas, y después de que el concejal Dámaso Arteaga lo dejara caducar en dos ocasiones: en septiembre de 2016 y .en 2017, además de frenar un tercer expediente reclamado por Arcila en 2018.
El gobierno de CC se había visto obligado a iniciar estos expedientes después de que Sí se puede llevara el asunto a la Comisión de Control para supervisar el cumplimiento de una moción ecosocialista aprobada por el pleno en febrero de 2016, para que el director general de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos elaborara un informe exhaustivo sobre la gestión de todos los aparcamientos públicos municipales, documento que en 2018 no había concluido, pero que al menos detectó dos años antes la situación más grave, la de Tres de mayo.
Descontrol
Sí se puede ha denunciado otros casos de cesión ilegal de concesión de una explotación de aparcamientos públicos municipales, como ocurre en el contiguo al estadio Heliodoro Rodríguez López, cedido a Sinpromi en una actuación ilegal debido a que el carácter público de esta empresa le impide beneficiarse del traspaso. El mayor descontrol está en el Intercambiador, el mayor estacionamiento público de Canarias, cedido al Cabildo de Tenerife para su gestión por Titsa, con un acuerdo lesivo para Santa Cruz, al asumir el Ayuntamiento los gastos del edificio sin participar en las ganancias que genera, además de haber dudas sobre la titularidad del aparcamiento.
Entre otras irregularidades en la gestión de los aparcamientos públicos de Santa Cruz, Sí se puede ha encontrado algunas otras, derivadas de la falta de control y fiscalización de la explotación de estos bienes municipales durante años, actuaciones que vulneran los pliegos y los contratos administrativos firmados para la concesión del servicio. Las más destacadas son la no aprobación de tarifas por parte del Ayuntamiento, la falta de inspección y la indiferencia a la hora de cobrar cánones impagados, la falta de control de las pólizas de responsabilidad civil suscritas por los concesionarios, la celebración de actividades no autorizadas, la cesión en exclusiva de plazas de aparcamiento a otras empresas sin autorización municipal y el incumplimiento de la reserva de plazas rotatorias a las que pudieran acceder los vehículos que circulan por la zona.