Sí se puede exige al gobierno de CC-PP en el Ayuntamiento de Santa Cruz que garantice la subrogación de la plantilla que presta servicios de mantenimiento en el alumbrado público de la capital tinerfeña. El portavoz del grupo ecosocialista en la corporación, Pedro Fernández Arcila, asegura que “a Bermúdez, los derechos laborales le traen al pairo”.
El portavoz de Sí se puede recuerda que esta salvaguarda de los puestos de trabajo se consiguió en la etapa del anterior alcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo, para los momentos de prórroga del contrato de este servicio con la empresa Imesapi SA. Sin embargo, el colectivo de personas contratadas por esta empresa ha manifestado a la organización ecosocialista que el alcalde Bermúdez “no ha sido capaz de aclarar el futuro de sus puestos de trabajo” en las reuniones mantenidas con motivo de la nueva adjudicación.
Con este fin, Arcila dirige una pregunta al pleno que se celebra este viernes, 22 de diciembre, en la que consulta sobre si el gobierno de Bermúdez tiene la voluntad de “mantener en el pliego para la licitación de este servicio municipal la cláusula que obligue a la nueva empresa adjudicataria a subrogarse en las obligaciones del empresario con respecto a los contratos de trabajo del personal actualmente adscrito a este servicio”.
El contrato administrativo entre el Ayuntamiento y la empresa Imesapi SA para la prestación del servicio municipal de mantenimiento, obras de mejora y renovación en el alumbrado público, fuentes e instalaciones eléctricas está a punto de concluir, al haberse cumplido la última de las prórrogas permitidas. De esta manera, se iniciará un nuevo proceso de licitación que requiere la redacción de un nuevo pliego de condiciones de ejecución del servicio. En ese documento se regulará la situación de los trabajadores que llevan prestando este servicio, la mayoría de ellos, desde hace varias decenas de años.
“El colectivo de personas empleadas para la ejecución de este servicio vive el periodo previo a la licitación con mucha incertidumbre, ya que el Ayuntamiento aún no ha garantizado la permanencia de sus contratos de trabajo –manifiesta Arcila–. Sin embargo, es obligación de la corporación ofrecer seguridad en ese sentido, en virtud de lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores, tal como reconoció el gabinete de Zerolo cada vez que se prorrogó el contrato con Imesapi”.