Arcila califica a Dámaso Arteaga de colaborador necesario en los recargos fraudulentos de Emmasa

Pedro Fernández Arcila, concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, calificó hoy al delegado de Servicios Públicos de la corporación, Dámaso Arteaga, de colaborador necesario en el fraude que la sociedad municipal de aguas, Emmasa, viene cometiendo desde el año 2010 al someter a varias empresas a un recargo por incumplimiento de la ordenanza sobre vertidos a la red de alcantarillado sin seguir el procedimiento establecido.

Arcila preguntó en la Comisión de Control de ayer sobre este extremo a Arteaga, y de su respuesta se deduce que el edil del grupo de gobierno no ha actuado para poner fin a esta actuación irregular de la empresa gestionada por Sacyr-Vallehermoso, pues reconoció que solo a partir de 2013 se está realizado conforme a la normativa vigente y con resolución municipal, lo que supone que entre 2010 y finales de 2012 no se estaba haciendo de esta manera, sino que era la Emmasa privatizada la que obtenía estos irregulares ingresos de manera directa.

A pesar de eso, recalcó hoy el concejal de Sí se puede, Arteaga no inició ningún procedimiento para revisar lo defraudado, lo que lo convierte en colaborador necesario. Los expedientes de recargo en la tasa de alcantarillado, que en ocasiones llegó a ser de un 300%, se tramitaban sin que fueran resueltos por el alcalde y sin un procedimiento contradictorio, tal y como establece la ordenanza. Con esta manera de actuar, la empresa de aguas se pudo haber embolsado entre el anterior mandato y el presente una cantidad superior al millón de euros.

Según Arcila, la respuesta dada por Arteaga en la Comisión de Control –expresada por escrito y en ausencia del propio delegado de Servicios Públicos, y entregada antes a los medios de comunicación que al concejal de Sí se puede– no satisface en absoluto el interés de la organización ecosocialista por poner fin a lo que califica de extorsión por parte de Emmasa a pequeños empresarios, autónomos y profesionales que no han tramitado las autorizaciones de vertido a la red de alcantarillado, a los que impone de manera automática un recargo aunque lo vertido sea insignificante.