Arcila pide al juez que Sacyr asuma a fondo perdido la ampliación de la desaladora, como es su obligación

Pedro Fernández Arcila, concejal electo de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ha presentado esta mañana ante el Juzgado de Instrucción número 2 de la capital un escrito en el que solicita la suspensión cautelar del acuerdo suscrito en marzo de este año entre el Consistorio y la multinacional Sacyr-Vallehermoso para la ampliación de la depuradora por considerarlo fraudulento.

La razón que esgrime el edil y abogado es que Sacyr está obligada por contrato a invertir a fondo perdido en Santa Cruz más de 45 millones de euros, 31 de los cuales iban a ser para la citada obra de ampliación de la desaladora, pero, según se desprende del acuerdo entre ambas partes, la multinacional le exige a Emmasa la devolución de este dinero junto con los correspondientes intereses que se devenguen, lo cual contraviene el pliego de condiciones por el cual Sacyr se hizo con la empresa de aguas de Santa Cruz en lo relativo a las inversiones a fondo perdido a las que está obligada.

Arcila señaló hoy que “de consumarse este desaguisado, Santa Cruz quedará a merced de Sacyr-Vallehermoso de manera indefinida y será muy complicado recuperar el carácter público de Emmasa”, por lo que es imprescindible obligar a la multinacional a que cumpla sus acuerdos y asuma el coste de la obra. Además, el concejal anunció que el escrito presentado hoy no será la única actuación de Sí se puede en relación con este asunto.

El acuerdo de marzo ocasiona un daño evidente al patrimonio de Emmasa, que se verá privada de obtener aquellas cantidades que iba a disponer a fondo perdido para obras o mejoras de instalaciones vinculadas al ciclo integral del agua, y “para mayor daño económico –señala Arcila en su escrito al juez–, se verá obligada a devolver una cantidad en concepto de principal e intereses que compromete seriamente la viabilidad económica-financiera de la empresa mixta”.

Por todo ello, el portavoz de Sí se puede pide, como medida cautelar, la suspensión de la ejecución del mencionado acuerdo de marzo de 2015 y sus anexos en lo que se refiere a la obligación de Emmasa de devolver a Sacyr-Vallehermoso la cantidad de 31 millones de euros más los intereses que se generen. La solicitud de esta medida cautelar se justifica “porque el citado acuerdo compromete seriamente la viabilidad económica-financiera de la empresa mixta Emmasa además de incumplir de manera flagrante el plan de inversiones propias al que se había obligado el adjudicatario” señala el edil en su escrito.