La ACP lamenta la cesión de competencias urbanísticas “corriendo” y sin el rigor necesario

La Asamblea Ciudadana Portuense lamenta la forma en la que se ha aprobado en el pleno extraordinario de esta mañana, y con los únicos votos a favor de PP-CC, la externalización del otorgamiento de licencias urbanísticas relativas al Plan de Modernización y Mejora (PMM) del Puerto de la Cruz. Para la formación asamblearia, el gobierno de Lope Afonso continúa quitándose los problemas de encima en lugar de solucionarlos, en este caso dejando una parte de las competencias de concesión de licencias en manos de una empresa externa “deprisa y corriendo y sin cumplir con todas las indicaciones de los técnicos municipales”. A su juicio, esta falta de rigor hace un flaco favor tanto al propio Ayuntamiento como a la necesaria modernización y rehabilitación turística del municipio.

La ACP rechaza el modelo externalizador que sigue aplicando el gobierno municipal, que a las numerosas concesiones administrativas llevadas a cabo desde hace años ha añadido en los últimos meses la del servicio de alumbrado público y gestión energética, cuya gestión será privatizada en breve, y esta cesión de competencias urbanísticas a Gestur, empresa participada por el Gobierno de Canarias, los cabildos de Tenerife y La Palma y Visocan. En su opinión, la consecuencia de este continuo vaciamiento de competencias efectivas que se está imponiendo al Ayuntamiento es que cada vez más decisiones sobre el Puerto de la Cruz se toman desde fuera del municipio.

Para la Asamblea Ciudadana Portuense, además, el proceso que se ha seguido para aprobar esta delegación de competencias revela la falta de rigor de PP-CC en sus labores de gestión. Así, recuerda que el gobierno local pretendió llevar a pleno este mismo asunto hace quince días sin tener los informes técnicos correspondientes, como era preceptivo. En aquel momento, señala la ACP, el alcalde decidió a última hora dejar sobre la mesa el punto argumentando que lo hacía para facilitar la labor de preparación de la oposición, cuando la realidad es que no solo carecía aún de los informes, sino que ni siquiera los había solicitado formalmente.

La Asamblea Ciudadana señala que el informe de Intervención fue requerido a última hora, sin tiempo para que la propuesta recogiese una parte importante de sus indicaciones, como la necesidad de justificar objetivamente la falta de personal en el área de Urbanismo en la que se ampara la cesión de competencias o la aclaración del coste que esta supondrá para el Ayuntamiento, que en principio se estima en 10.000 euros mensuales, es decir, 120.000 euros al año y casi 500.000 a lo largo de los cuatro años que fija el convenio. Para la ACP, es demasiado dinero como para gastarlo sin tener un estudio riguroso sobre la situación actual del área, ya que lo único con lo que se cuenta ahora es con la opinión subjetiva del alcalde y del concejal. Además, sostiene, ese estudio contribuiría a decidir la mejor fórmula para agilizar la gestión de las licencias urbanísticas del PMM, algo que la formación asamblearia considera necesario.

Por otro lado, la Asamblea Ciudadana asegura que, lejos de las buenas intenciones expresadas, el gobierno local continúa dificultando la labor de la oposición, como demuestra el hecho de que, para abordar un asunto de tanta importancia como el tratado hoy, volvió a entregar la documentación con menos de 48 horas de antelación y ni siquiera convocó la comisión informativa correspondiente. Por ello, y por la necesidad de cumplir con los requerimientos técnicos, la ACP planteó dejar sobre la mesa el asunto hasta el pleno ordinario de este mes, lo que fue rechazado por PP-CC.

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