Sí se puede asegura que el Ayuntamiento tiene en su mano la posibilidad de acabar con el motocross ilegal en La Laguna

El concejal de Sí se puede en La Laguna, Juan Miguel Mena, cree que la reciente demanda de la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV) Aguere para acabar con la práctica ilegal del motocross en el municipio es una oportunidad más para que el equipo de Gobierno utilice sus recursos para acabar con una actividad realizada sin control y con un daño ambiental importante.

El edil ecosocialista recuerda que su formación ha presentado varias iniciativas con respecto a esta actividad y que ha pedido que se regule la misma, aprovechando las herramientas disponibles y los propios informes que el área de Medio Ambiente local elaboró en el anterior mandato, para poner coto a esta práctica deportiva.

“Tenemos una oportunidad clara con el nuevo Plan General, en el que podemos buscar un espacio adecuado para esta práctica, que sea compatible con el medio natural y que además sea segura para quienes siguen este deporte”, explica.

Mena apuesta por aprovechar la voluntad vecinal para acabar con una práctica que se realiza de forma incontrolada por diversos espacios de La Laguna, destruyendo el suelo y la vegetación, además de suponer un peligro para los viandantes. “La respuesta de mirar para otro lado, que hacen CC-PSOE, no resuelve un conflicto claro que existe y en el que hay que aplicar propuestas”, manifiesta.

A este respecto indican que en su momento se planteó la posibilidad de ubicar una zona habilitada para este deporte en la zona de la Montaña del Aire, que “podría ser una alternativa a tener en cuenta”. El edil de izquierdas recuerda también que el equipo de gobierno, al hacer caso omiso a las denuncias vecinales, a las propuestas de las asociaciones y a las peticiones para regular esta actividad, está permitiendo de facto que se practique sin la preceptiva calificación territorial o proyecto de actuación, colaborando incluso económicamente con la misma, lo que supone una infracción muy grave según el artículo 202.4 de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias, que establecen sanciones de entre 150.000 y 600.000 euros, que pueden repercutir sobre el propio Ayuntamiento.