Sí se puede se felicita tras lograr que la recaudación en periodo voluntario vuelva a manos públicas
Asunción Frías y Pedro Fernández Arcila, concejales de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, se han felicitado tras lograr que la gestión de la recaudación municipal en periodo voluntario vuelva a manos públicas después de veinte años de privatización ilegal y tras la presión ejercida por la organización ecosocialista desde el principio de este mandato.
Frías recordó esta mañana que si el grupo de gobierno ha dado por fin este paso, que se manifestó en el Pleno del pasado viernes con la revisión del acuerdo plenario de 1992 por el que se subcontrató el servicio a una empresa privada, ha sido por la oposición constructiva de Sí se puede, que desde hace dos años viene reclamando su retorno a manos públicas. De hecho, la primera acción de la organización desde que tiene representación en el Ayuntamiento fue una pregunta al Pleno de julio de 2011 sobre este asunto.
A pesar de que esta cuestión pasó desapercibida en la sesión de la semana pasada, Frías aseguró hoy que se trató “de uno de los asuntos más importantes de los que se decidieron en el último Pleno, pues el acuerdo supone, nada más y nada menos, que el inicio del procedimiento para la vuelta a la legalidad de un servicio municipal que desde hace más de veinte años se ha estado gestionando irregularmente”.
El contrato para la concesión del servicio a una empresa privada se ha prorrogado tácitamente, a pesar de que había sido concedido “provisionalmente y a dedo”, recuerda la concejala, para una función que la ley establece claramente que ha de ser desarrollada por funcionarios con habilitación estatal. Como consecuencia, un empresario particular ha obtenido irregularmente beneficios netos de millones de euros, y todo ello pese a que el propio interventor municipal señaló en su día que la condición de temporalidad con la que se subcontrató el servicio había sido superada claramente.
La gestión del cobro de impuestos municipales en periodo voluntario fue subcontratada a una empresa privada hace 21 años de manera temporal. Sin embargo, hasta la actualidad se seguía encargando del 70% del total, trabajo por el que se llevaba una comisión superior al 4%, lo que se tradujo en unos tres millones de euros en el ejercicio de 2012. “Resulta inadmisible que el Ayuntamiento deje escapar esa cantidad de dinero en estos tiempos de crisis”, afirmó Arcila en una de las múltiples quejas que ha trasladado al grupo de gobierno desde el año 2011.
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