La oposición de San Juan de la Rambla celebra su victoria en el pleno extraordinario para designar defensores del Ayuntamiento en el juicio contra la alcaldesa y el concejal de Hacienda

La oposición de San Juan de la Rambla celebra su victoria en el pleno extraordinario para designar defensores del Ayuntamiento en el juicio que se sigue contra la alcaldesa y el concejal de Hacienda, investigados por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. La sesión se celebró en la mañana de este martes, 2 de enero, tras la convocatoria presentada por iniciativa de la Agrupación Independiente de San Juan de La Rambla-Coalición Canaria, Asamblea Unificada del Pueblo-Sí Se Puede, Partido Popular, y Vecinos por Tenerife-Ciudadanos Centro Democrático a principios de diciembre pasado.

La decisión adoptada en la sesión celebrada no solo responde a las inquietudes de todos los grupos de oposición municipal, sino que, además, coincide con la reciente resolución judicial por la que se requiere a la corporación que comunique quiénes son sus nuevos representantes tras la decisión de la Junta de Gobierno municipal de retirarle esa condición al abogado y procuradora que ejercían esta labor anteriormente, según un acuerdo de este organismo de junio pasado.

El acuerdo considera “de interés municipal que el Ayuntamiento de San Juan de La Rambla continúe como acusación particular” en el caso, que inste al órgano competente a designar la representación del Ayuntamiento en un abogado y un procurador y que comunique esta decisión al Juzgado de Instrucción nº 5 de La Orotava, para que se incorpore al Procedimiento Abreviado 1627/2014.

Paralelamente, el portavoz de Asamblea Unificada del Pueblo-Sí Se Puede, Juan Siverio, ha presentado una solicitud de información para que se arroje luz sobre el proceso de comunicación entre el Juzgado y el Ayuntamiento, dado que el grupo de gobierno niega haber recibido o entregado documentación relativa a la petición judicial sobre la necesidad de designar nuevos representantes de la corporación en el proceso.

Es de destacar que el juicio que se sigue contra la alcaldesa, Fidela Velázquez, y el concejal de Hacienda, Cayetano Silva, se halla en la fase previa a la apertura de juicio oral tras haberse desestimado en mayo de 2017 el recurso de apelación interpuesto por la defensa de los cargos públicos investigados. Velázquez y Silva están investigados por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

La causa contra la alcaldesa y el concejal se sostiene en diferentes hechos. Así, en primer lugar, en 2011 se pagaron a un arquitecto 3500.70 euros y 8.400 por decisión de la Junta de Gobierno, respectivamente, para la realización de una plaza con kiosco en el paseo marítimo de Las Aguas y para la redacción del proyecto técnico para la reforma del paseo marítimo y la piscina del mismo barrio, sin que se haya aportado trabajo o proyecto alguno en ambos casos.

En el mismo año, se concedió de forma gratuita al hijo de la alcaldesa la elaboración del logotipo del municipio. No se cumplió con el requisito de convocar un concurso de ideas, además de que Velázquez no se abstuvo de participar en la votación. Igualmente, en 2012 se pagaron 4.220 € a un vecino de San Juan de la Rambla en concepto de indemnización por la extinción improcedente del contrato de aparcería del que era titular el receptor; estos fondos se pagaron mediante un decreto de la alcaldesa sin levantar los reparos fijados por la Intervención y la Secretaría municipal, que advirtieron a Velázquez sobre la no procedencia de esta medida.

Por último, en 2013, un decreto de la alcaldesa estableció conceder gratificaciones en concepto de horas extraordinarias por un importe de 300 € en favor de 16 empleados municipales. Al respecto, un informe de la Secretaría municipal señaló posteriormente que no existía constancia de encargo previo de los trabajos extraordinarios, ni su realización efectiva realización, ni referencia al número de horas extraordinarias realizadas. Lo más llamativo del caso es que este decreto se firmó sin informar al secretario municipal, un día antes de que la alcaldesa denunciada cesara en sus funciones al prosperar una moción de censura que supuso un cambio de gobierno en el Ayuntamiento.