Sí se puede pregunta por el cumplimiento del acuerdo plenario sobre mediación comunitaria en Santa Cruz

Sí se puede dirige una pregunta al gobierno de CC-PP en el Ayuntamiento de Santa Cruz, para que sea respondida por la concejala de Participación Ciudadana, Marisa Zamora, sobre el cumplimiento del acuerdo plenario sobre mediación comunitaria en Santa Cruz.

La concejala del grupo municipal ecosocialista Asun Frías recuerda que el pleno de octubre de 2016 aprobó una moción de Sí se puede después de una enmienda transaccional del grupo de gobierno con la que se acordó incorporar la perspectiva de la mediación comunitaria en todos los servicios municipales mediante sensibilización y formación en los ámbitos vecinal, técnico y político. Por este motivo, transcurridos nueve meses, Frías pregunta qué pasos se han dado para cumplir el acuerdo plenario.

La mediación comunitaria es un sistema de gestión de los conflictos a cargo de “una persona mediadora, neutral e imparcial, en el que participan las partes implicadas de forma directa, para encontrar soluciones favorables para todas”, explica Frías. A juicio de Sí se puede, esta herramienta contribuye a la resolución positiva de desacuerdos y a crear un ambiente de corresponsabilidad en la gestión de los asuntos comunitarios, además de tener un valor preventivo de situaciones que acabarían complicándose y permite dar una respuesta de forma integradora y rápida a los ya existentes.

 

Frías destaca que la capital tinerfeña cuenta con 81 entidades poblacionales oficialmente reconocidas, aunque en realidad se contabilizan 90 barrios o pueblos en los que conviven 205.601 habitantes. Una población tan amplia constituye un grupo social que comparte intereses, problemas y recursos en situaciones que no están exentas de “conflictos vecinales, medioambientales, interculturales, de género, relacionados con la utilización de los espacios públicos, organizacionales, escolares” y otros, como ocurre en otros municipios.

 

Entre los objetivos de la mediación destacan el facilitar el reconocimiento mutuo de las partes y la legitimidad de todos los intereses y de todas las aportaciones; garantizar y respetar la voluntariedad; velar por la igualdad de todas las partes; usar los recursos de forma sostenible; asegurar la legitimidad y competencia de las personas mediadoras; desarrollar un modelo de prevención, gestión y resolución de estas situaciones, y promover y fomentar una ciudadanía participativa y responsable, implicada en la gestión de sus propios conflictos.

 

Con estos fines se han puesto en marcha experiencias muy positivas de mediación comunitaria en muchos países del mundo; incluso, la ONU cuenta con una oficina de Ombudsman y Mediación. En el Estado español también hay iniciativas de mediación muy interesantes en ciudades como Madrid, Barcelona o Bilbao, entre otras.