Lawfare y la alteración de la democracia en Brasil y España. Domingo Garí

Lawfare es un término relativamente nuevo compuesto por la unión de dos palabras inglesas, law y warfare (ley y guerra) y de eso trata.

La lawfare fue definida en términos de estrategia militar en 1999, con el fin de ganar una guerra con métodos no convencionales, haciendo de la ley el principal campo de batalla. En 2001, el general norteamericano y profesor de derecho Charles Dunlap, la renovó para adaptarla como herramienta de acción política injerencista, principalmente en Latinoamérica. Consiste en hacer un uso abusivo e indebido de las leyes para obtener ganancias políticas o militares. Enmarcada en las historias de la intrusión norteamericana en América del sur, puede ser también entendida como una acción imperialista que no necesita intervención militar. En la acepción de Dunlap se le añade una ofensiva mediática como elemento complementario de la operación.
La combinación de la guerra mediática y la guerra jurídica se ha convertido en la principal apuesta de las derechas en Latinoamérica y en España. En el caso brasileño, por ejemplo, el uso de la judicatura contra los gobiernos del PT ha resultado esencial para volver a darle el poder político a la derecha. Las maniobras del poder judicial han sido ampliamente publicitadas con la ofensiva mediática y la posverdad, para demoler los apoyos de la presidencia Dilma/Lula. En el caso español, en especial en lo referido al conflicto en Cataluña, los grandes medios de comunicación no nos sirven información seria y profesional, sino que usan su enorme influencia para hacer periodismo de guerra, y ya se sabe que en la guerra la primera víctima es la verdad. El uso indebido del poder de los medios masivos de información convierte el debate en democracia en papel mojado.
La estrategia con los medios masivos, en manos de la oligarquía o de los grandes grupos financieros, se ha complementado con el uso partidista del poder judicial. En este poder, en el que no tienen que dar cuentas democráticas, se han consolidado de siempre las clases dominantes. El poder judicial es una verdadera trinchera de los sectores reaccionarios, cuya legitimidad no deriva de la voluntad popular, sino de estrategias corporativas y designaciones políticas no neutrales y contaminadas. En las democracias instauradas en los años años ochenta del siglo pasado (Brasil, España y otras), en los poderes judiciales, se emboscaron elementos procedentes de las dictaduras, a los que se sumó personal nuevo de perfil ideológico conservador o ultraconservador.
Las instancias judiciales y sus órganos de gobierno en estos países han servido para corregir un “exceso” de democracia. En el caso brasileño ayudó a terminar con las políticas expansivas y redistribuidas de los gobiernos nacionalistas y de izquierda de la década pasada. En el caso español se ha usado para restringir la libertad de expresión en los órdenes de la moral y la política. Los sectores extremistas de la iglesia, muy vinculados con la derecha española, recobran un protagonismo que no tenían desde los momentos finales del franquismo. En el plano político, el uso combinado de la guerra mediática/judicial logra su verdadera plenitud con el asunto de Cataluña. El atrincheramiento en la judicatura de elementos de dudosa filiación democrática, hace posible un uso disparatado del código penal español. Además, vemos cómo se aplica un doble rasero permanente en las decisiones judiciales.
Tomando prestadas algunas ideas señaladas por Emir Sader, complementadas con algunas propias, resumo la lawfare de la siguiente manera: 1- Manipula el sistema legal con fines políticos. 2- Hace un uso abusivo del derecho para lastimar la reputación del adversario, promocionando acciones judiciales con el objeto de desacreditar socialmente al encausado. 3- Promueve un uso coactivo del derecho, que ya no trata de regular el conflicto sino de ser él mismo ejecutor de decisiones políticas. 4- Promociona masivamente su acción, merced a la connivencia de los grandes medios de comunicación en la ejecución de su estrategia. 5- Bloquea y acota el derecho de defensa de los encausados, aplicando decisiones restrictivas de los códigos y normativas que rigen los procesos.

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