La nueva paralización de parte de las obras de la plaza de la Catedral y las noticias sobre el trato dado a los especialistas en arqueología de la Universidad es según el concejal de Sí se puede en La Laguna, Juan Miguel Mena, “un episodio más de una gestión lamentable del patrimonio colectivo de los laguneros”.
Para el edil de Sí se puede las declaraciones de los especialistas de la Universidad en las que ratifican las denuncias realizadas por colectivos sociales, especialistas en patrimonio y la propia formación ecosocialista, indican que las irregularidades cometidas “son tan relevantes que podrían llegar a instancias de la UNESCO o el ICOMOS”.
Las declaraciones de Jonathan Domínguez en varios medios de comunicación están demostrando, según Mena, “su incapacidad para gestionar esta obra conforme a los criterios patrimoniales de la Comisión Insular de Patrimonio”. Para el portavoz de izquierdas no resulta serio que el mismo responsable que decía en noviembre que era “toda una garantía y un privilegio que expertos en materia de historia y arqueología puedan asesorarnos y ser consultados ante cualquier duda que pueda surgir en el transcurso de estos trabajos”, se dedique a impedirles el acceso a las obras o a criticarlos públicamente argumentando que sus informes no se ajustaban a lo que el grupo de Gobierno desea para la plaza.
Según Mena queda claro que a raíz de esa posición crítica con la forma en la que se están desarrollando las obras se ha querido dificultar el acceso de los arqueólogos de la Universidad de La Laguna, profesionales del máximo prestigio, a los que “se acusa de realizar informes sin fundamento, plagiando artículos de opinión de terceras personas, y querer cobrar por su asistencia técnica”.
En Sí se puede están convencidos de que detrás de esta situación se encuentra el miedo de CC-PSOE a reconocer que han modificado el proyecto original de la obra sin consultar a los técnicos, las autoridades en esta materia y actuando de forma unilateral, poniendo el riesgo el patrimonio que se encuentra en esa zona del casco histórico. “Las aseveraciones de algunos de los máximos especialistas sobre las consecuencias internacionales de estas modificaciones son tan relevantes que vamos a preguntar en el pleno municipal por las mismas”, manifiestan.
Mena cree que de demostrarse las acusaciones realizadas por los arqueólogos de la Universidad y las que plasmaron en las denuncias administrativas presentadas en la semana del 14 de abril estaríamos en una situación en la que claramente “se deben reclamar responsabilidades políticas ante una gestión irresponsable de un patrimonio que pertenece al conjunto de la ciudadanía”.
