Sí se puede pide que la comisión del agua celebre su primera reunión para fijar el esquema de trabajo

Sí se puede ha solicitado hoy formalmente en el Registro del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que la denominada “comisión del agua”, aprobada en el último pleno a petición de la organización ecosocialista, celebre su primera reunión con el objetivo de fijar el esquema de trabajo que habrá de seguir en los próximos meses.

La comisión del agua, en la que estarán integrados todos los grupos del Ayuntamiento y técnicos municipales, tiene como objetivo analizar la viabilidad jurídica y económica de remunicipalizar el accionariado de la empresa de aguas Emmasa tras el fracaso que ha supuesto para la ciudad el proceso de privatización.

Pedro Fernández Arcila, concejal de Sí se puede en Santa Cruz y firmante de la moción que el pleno aprobó en su sesión del pasado viernes por unanimidad, expresó hoy el interés de su formación en que cuanto antes se pueda concretar la fórmula más idónea para recuperar el agua para Santa Cruz, objetivo principal de la comisión, que deberá analizar todas las posibilidades, dadas las consecuencias económicas que esta operación podría tener para el Ayuntamiento.

El citado órgano, que tendrá carácter de subcomisión dentro de la Comisión de Servicios Públicos, deberá estudiar, entre otras opciones, exigir la ejecución de la sentencia que anulaba el proceso de adjudicación o bien resolver el contrato por incumplimiento de sus obligaciones por parte de los accionistas mayoritarios de Emmasa. Tal y como acordaron todos los grupos en el pleno, la comisión del agua deberá emitir en el menor plazo posible un informe sobre la opción más conveniente para los intereses municipales.

La postura unánime de los grupos políticos en cuanto a la necesidad de remunicipalizar el servicio de agua tiene que ver, entre otras razones, con la carencia de un tratamiento integral de depuración de las aguas residuales en el municipio y con incumplimientos en materia de subcontrataciones, en la aplicación de los sistemas de desodorización en la estación depuradora de Buenos Aires y con la obligación de entregar 45 millones de euros al Ayuntamiento de Santa Cruz para obras hidráulicas. La nefasta gestión privada se manifiesta asimismo en la posición abusiva de la empresa en relación con las conexiones a la red de alcantarillado.