La concejala de Sí se puede en Tegueste, Maite Fernández, presentó en el pleno de este martes una moción institucional en la que se reclama la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, frente a las propuestas del gobierno del Partido Popular.
La moción considera que la modificación de la actual Ley orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo anunciada por el PP supone una vuelta al pasado, incluso más allá de la ley del aborto del año 1985, y representa un ataque frontal hacia los derechos básicos de las mujeres.
Indica que con la ilegalización del aborto, el número de interrupciones de embarazos que barajaba en la época franquista, según el fiscal del Estado, eran de unos 300.000 abortos al año y unas 3.000 mujeres muertas por abortar en el Estado español. “Creemos que tratar este problema en los municipios es fundamental, ya que se trata de una norma que afecta a las mujeres y son unos derechos ganados a pulso en años de lucha por la igualdad”, explica.
En el texto aseguran que la modificación que el gobierno del PP pretende realizar a la citada Ley Orgánica, revocando las insuficientes propuestas aprobadas por el gobierno del PSOE hace tres años, impondrá un sistema aún más restrictivo que el que estuvo vigente entre 1985 y 2010 y dejará fuera de la legalidad a miles de mujeres a tenor de las últimas cifras publicadas por el Ministerio de Sanidad, correspondientes al año 2011: aproximadamente 3.550 mujeres en el Estado español y 139 en Canarias que abortaron por riesgo de graves anomalías en el feto y anomalías fetales incompatibles con la vida y el 95 % de las 118.359 abortos voluntarios en el EE y de los 6.232 de Canarias.
Maite Fernández explica que el Consejo de Europa en la resolución 1607 (2008) reconoce que la ilegalización del aborto, no consigue reducir el número de abortos: conduce sobre todo a abortos clandestinos, más traumáticos, y contribuye al aumento de la mortalidad maternal y/o al desarrollo del “turismo del aborto”, una actividad costosa, que retrasa el momento del aborto y genera desigualdades sociales.
La propuesta llevada a pleno por Sí se puede insiste en que tener una legislación que despenalice y legalice el acceso al aborto, no obliga a ninguna mujer a interrumpir su embarazo, pero sí obliga al Estado a que incorpore y mantenga servicios de calidad, que no pongan en riesgo la vida y la salud de mujeres que tomen esa decisión.
La moción reclama que no se modifique de manera restrictiva la actual Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, ampliándose en todo caso los derechos reconocidos en el texto vigente. También traslada la problemática a Canarias, reclamando al ejecutivo canario que se comprometa, dentro de sus competencias, a asegurar que la interrupción voluntaria del embarazo se pueda realizar en la red sanitaria pública, en los términos exigidos al gobierno español. También reclaman políticas municipales que faciliten la ejecución de programas de educación y atención afectiva y sexual, a cuyos efectos se consignará en los presupuestos municipales una partida económica específica que progresivamente alcance la cobertura de las necesidades reales que en este área se identifiquen en Tegueste.
