Sí se puede, satisfecho con la condena a una época oscura y de corrupción en Arona, bajo el gobierno de González Reverón

Sí se puede muestra su satisfacción con la condena a una época oscura y de corrupción en Arona, bajo el gobierno de José Alberto González Reverón (CC), para quien el Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia de la Audiencia Provincial de Tenerife a 17 años de inhabilitación y otras penas para seis exconcejales que formaron parte de su equipo de gobierno, por un delito continuado de prevaricación urbanística y por otro delito de prevaricación en el denominado “Caso Arona”.

La organización ecosocialista apuesta por iniciar una nueva etapa para regenerar el municipio a partir de la oportunidad que se abre con la convocatoria de las elecciones municipales en 2019. “Ahora es el momento de reconocer el papel de la movilización ciudadana contra la corrupción y a favor de la trasparencia, que fue capaz de denunciar y enfrentar una etapa que no puede volver a repetirse en Arona”, asegura la portavoz de Sí se puede en el municipio, Rosa Castellano, quien destaca también el papel de periodistas valientes que se sumaron a esta labor ciudadana.

A juicio de Sí se puede, el pleno del Ayuntamiento de Arona debe reprobar la gestión y la corrupción que dominó el municipio durante la etapa de las mayorías absolutas de Coalición Canaria. Asimismo, la corporación “debe retirar el retrato de González Reverón, porque los corruptos no representan a nadie, más que a sí mismos, y haber sido condenado no es motivo para tener el honor de ser reconocido con un retrato en la sede del consistorio”, dice Castellano.

Sí se puede también rechaza que Coalición Canaria no tenga a nadie más que proponer como candidato a la alcaldía que a una de las personas activas en toda esta trama de corrupción, Antonio García Marichal. “Así solo queda claro que CC no tiene nada serio que ofrecer a la ciudadanía de Arona; lo primero que deben hacer es pedir disculpas a las buenas gentes que confiaron en ellos”, apunta la portavoz ecosocialista.

La organización insiste en mantener su preocupación por el coste que supuso para la corporación y para el pueblo de Arona la decisión de pagar la defensa de las personas acusadas en estos casos de corrupción con fondos públicos procedentes de las arcas municipales.