
La formación lagunera indica que “el expediente del caso de las grúas surge precisamente de un escrito de Fernando Clavijo, como exresponsable del área de Seguridad Ciudadana, en el que se pide poner en marcha la privatización de las grúas municipales el 6 de octubre de 2003, un servicio público que tenía un coste previsto de 3.569.984,28 euros en los primeros cinco años y que con la gestión indirecta paso a 4,460.695,35 euros, casi un millón más”.
“Nos precupa que Fernando Clavijo no quiera responder presencialmente a las preguntas de los representantes de la ciudadanía lagunera, una posición de escasa colaboración que se suma a la de los otros dos responsables de CC que han acudido a la comisión y que fueron absolutamente remisos a dar datos sobre sus actuaciones o responder a ciertas preguntas”, manifiesta.
Para Ascanio las respuestas de Clavijo “son claves en este proceso, que tiene mucho que ver con decisiones políticas a través de las cuales, si se confirma, pudieron convertir este servicio en un espacio donde colocar a afines políticos, lo que posibilitó posteriormente toda una serie de acciones sin un correcto control por parte de los responsables municipales”.
El edil de Unid@s se puede cree que con esta actuación “se dificulta la tarea de control de las gestiones realizadas por el exresponsable del área y exalcalde, para saber qué actuaciones se realizaron durante su Gobierno para garantizar el interés general, auditando los numerosos escritos presentados por los trabajadores alertando de supuestas irregularidades, así como los informes de la propia policía local que avisaban de que hasta 104 vehículos del depósito municipal habían sufrido algún tipo de manipulación con respecto a sus piezas”. Ascanio considera que “es significativo que Clavijo no quiera responder en directo sobre si es cierto que tenía vínculos personales con algunos de los propietarios de grúas Poli y sobre la adecuación a derecho de actuaciones como el préstamo de los 120.000 euros entregados a la empresa en 2014 o la última prórroga de la concesión, hecha cuando los responsables del servicio habían detectado faltas muy graves en el mismo, que habrían justificado plenamente la finalización del contrato”.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]