Unid@s se puede llevará al pleno la actualización salarial del personal que trabaja en los servicios públicos de gestión privatizada

Proponen también que se incluya entre las tareas del Foro Económico y Social un “Observatorio Municipal de los Servicios Públicos” de carácter consultivo

El portavoz de Unid@s se puede en el Ayuntamiento lagunero, Rubens Ascanio, defenderá en el pleno de enero una moción para que las empresas adjudicatarias de servicios públicos municipales procedan a eliminar los recortes salariales que aplicaron a sus plantillas entre 2011 y 2013.

El edil recuerda que fruto de la crisis varios servicios municipales fueron obligados a asumir una reducción del coste que se repercutió directamente en sus plantillas, con reducciones salariales que rondaron el 5%, como sucedió en Urbaser. Esa situación se ha estado manteniendo en el tiempo, mientras se van recuperando algunos de los marcadores económicos y se producen actualizaciones salariales en otros sectores.

“Creemos que es insostenible que mientras se anuncian mejoras en las condiciones laborales del personal público, mientras nuestro Ayuntamiento saca pecho con la recuperación económica, se mantengan las condiciones laborales y técnicas pactadas en 2012 en un proceso de plena crisis”, manifiesta. Considera el principal grupo de la oposición lagunera que las empresas prestatarias de estos servicios “deben plantear los cambios necesarios para afrontar una situación nueva, adaptando los salarios a las condiciones actuales, eliminando procesos de subcontratación y de reducción de plantilla, además de cumpliendo con los compromisos en los pliegos técnicos”.

Ascanio considera que la reducción salarial y el empeoramiento de las condiciones laborales incide en la calidad de los servicios públicos, al tener “un personal peor pagado, con una amenaza constante de subcontratación de servicios y que debe afrontar los mismos servicios con menos personal”. Asegura que en el momento actual “las incidencias de bajas vinculadas a enfermedades profesionales o por accidentes laborales se han incrementado fruto de esa precarización de las condiciones”.

En la iniciativa plenaria proponen además que se haga una auditoría del coste para las arcas municipales de los servicios públicos municipales por gestión directa frente a la gestión indirecta, ya que entienden que “en este momento muchos municipios están recuperando servicios que fueron privatizados como fórmula de ahorro para las arcas municipales y para garantizar mejores servicios”. En esta misma línea proponen que se incluya en las tareas del Foro Económico y Social un “Observatorio Municipal de los Servicios Públicos” de carácter consultivo y que tendría entre sus cometidos el control, seguimiento, valoración y propuestas de mejora de los servicios municipales.

Manifiesta que estos servicios “suponen una parte muy significativa del presupuesto municipal y, dada la relevancia que tienen para el municipio, es importante que su gestión sea conocida por la ciudadanía para que haya una mayor fiscalización y toma de conocimiento del mejor modelo de gestión de los mismos”.

El concejal lagunero comenta que en varias ocasiones el municipio ha vivido situaciones en la que “la falta de un correcto control público de los servicios determina que el personal pase muchos meses sin cobrar, que se produzcan despidos sin una correcta justificación y motivación, que no se respete el número de personas que debían estar en cada servicio o que los vehículos y otros medios materiales para el desarrollo del mismo no se incorporen. También afirma que elementos como la diferencia de criterios, por la falta de definición clara del servicio a realizar o por falta de responsables técnicos que supervisen cada contrato “supone un riesgo real”. Atribuye a “los pocos medios humanos y técnicos disponibles”, que provocan que los controles de seguimiento sobre las empresas adjudicatarias sean “insuficientes y poco eficaces, como se ha visto en el servicio de retirada de vehículos, en algunas de las instalaciones deportivas o en las ludotecas municipales”.

El principal grupo de la oposición cree que parte de esta falta de control de los servicios viene vinculada con “el mal uso de las contrataciones en este ámbito, donde la llamada del político para contratar a personal a dedo ha estado al orden del día, esas condiciones facilitan mayor sensación de precariedad y posiblemente fomenta el que se haga la vista gorda ante los incumplimientos empresariales”. El edil cree que “ya terminó el tiempo de un personal que debe pagar por siempre el favor político recibido, debemos consolidar derechos laborales adquiridos para mejorar los servicios, creo que debe ser un criterio que impere en el nuevo gobierno que surja de las urnas en el mes de mayo”.

Medidas contra el acoso laboral y sexual

Otro aspecto de la moción es el vinculado con las situaciones de acoso laboral y sexual, elementos que han sido trasladados de forma anónima al grupo municipal por personal de estos servicios y que consideran que merecen una investigación. Rubens Ascanio considera insostenible que “fruto de la precariedad se den situaciones en las que existe miedo a perder el empleo si son denunciadas, ya que se entiende que existen estrechas relaciones entre algunas de las empresas adjudicatarias y cierta clase política”.

“Vamos a pedir que se aborden estas situaciones y puedan ser objeto de investigación, las personas que sufren este tipo de hechos, también las que participan en los convenios, deben contar con el amparo del Ayuntamiento”, apostilla.

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