Unid@s se puede presenta alegaciones a la ordenanza de venta ambulante

El portavoz de Unid@s se puede en el Ayuntamiento lagunero, Rubens Ascanio, anuncia que su grupo ha presentado alegaciones con las que esperan “mejorar la ordenanza de venta ambulante, que ha estado sometida a exposición pública recientemente”.

Recuerda que en la actualidad existen dos acuerdos plenarios, uno en junio de 2012 y otro en septiembre de 2015, para terminar la redacción de esta ordenanza municipal que regula la venta ambulante, así como los criterios que se deben exigir para la asignación de los puestos y los espacios para realizar esta actividad comercial. El área de Comercio, con María José Castañeda al frente, “tardó casi tres años en desarrollar un proceso que finalmente se ha sometido a exposición pública”, tras una fase inicial de aportaciones donde “también hicimos una batería de propuestas que entendemos que debían estar presentes en esta ordenanza”.

Ascanio espera que el cambio de responsabilidades en el Gobierno local no suponga una paralización de esta fase administrativa, ya que “La Laguna llega más de ocho años tarde para regular una actividad y con un grupo, como es Coalición Canaria, que en este tiempo ha sido el principal escollo a la hora de actualizar las ordenanzas vinculadas con este sector”. Asegura que con estas maniobras se ha intentado evitar el debate de un documento obligado por la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, que impone la obligación de eliminar todas las trabas jurídicas y barreras administrativas injustificadas a la libertad de establecimiento y de prestación de servicios que se contemplan en los artículos 49 y 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFE) respectivamente.

La falta de regulación es, en opinión del concejal, “un elemento que ha propiciado la clandestinidad, los puestos en situación alegal e incluso procesos de presuntos cobros por uso de suelo público durante las principales fiestas que son difíciles de explicar con la normativa actual”. El portavoz del principal grupo de la oposición afirma que “el limbo jurídico en el que se encuentra La Laguna fomenta prácticas que creemos que son realmente perjudiciales para el comercio convencional, que ha tenido como gran problema en estos años el efecto de las grandes superficies promovidas por ciertos grupos políticos”.

Estas alegaciones, registradas el pasado 12 de noviembre, proponen una mejor definición de los mercadillos y además abren la puerta a asuntos como “el desarrollo de “Mercadillos temáticos”, que puede ser una época histórica determinada, una nacionalidad o grupo étnico determinado, un tipo de producto determinado, una finalidad social determinada, o cualquier otra que se determine oportuna”. Además proponen crear un Consejo de Participación de Mercadillos para regular el desarrollo de esta actividad y de los problemas que puedan surgir en torno a la misma, con presencia de representantes y profesionales de ese sector comercial.

Inciden desde Unid@s se puede en la necesidad de regular lo antes posible el Plan Municipal de Venta Ambulante, “para establecer los puntos de venta adecuados y hacer que el Reglamento sea efectivo, proponiendo que, hasta que este Plan esté culminado, la autorización de espacios para esta actividad de forma temporal”. Explica el concejal que “no tendría sentido contar con una ordenanza de una actividad que no se puede realizar legalmente en ningún lugar”.

Además se manifiesta a favor de incorporar en la ordenanza figuras de “venta sin ánimo de lucro (destinada a fines sociales o comunitarios), además de estudiar la posibilidad de incorporar la posibilidad del desarrollo de mercadillos de trueque o de venta de productos de segunda mano entre particulares, vinculados con un uso más sostenible de los recursos naturales, para los que se debería habilitar autorizaciones temporales”.

Finalmente señala que su grupo pedirá “celeridad en los trámites para que lo antes posible La Laguna cumpla con la legalidad, que cualquier profesional de esta actividad sepa qué requisitos debe cumplir y qué paga cuando ocupa suelo público”. Ascanio cree que esta ordenanza y su desarrollo efectivo “ayuda a acabar con un limbo jurídico y económico, que permitía un alto nivel de arbitrariedad que sufrían las personas que se dedican a esta actividad y el comercio tradicional”.