La ACP denuncia el gasto de 435.000 euros en asistencia jurídica al Ayuntamiento desde 2011

La formación asamblearia recuerda que el Cabildo ofrecía el servicio de manera gratuita a los consistorios de la isla

La Asamblea Ciudadana Portuense (ACP) denuncia que los gobiernos municipales de PP-CC gastaron entre 2011 y 2016 más de 325.000 euros en servicios jurídicos prestados al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz por diferentes empresas y profesionales, cuando el Cabildo de Tenerife ofrecía asistencia jurídica gratuita a todos los consistorios de la isla. La formación asamblearia subraya que a esta cifra hay que añadir casi 110.000 euros más de operaciones pendientes de aplicar al presupuesto, lo que hace un total de 435.000 euros aproximadamente, sin contar los pagos por servicios jurídicos prestados al Organismo Autónomo Local (OAL) y a la empresa pública Pamarsa.

El portavoz de la ACP, David Hernández, lamenta la falta de negociación y de voluntad de llegar a acuerdos por parte de PP-CC, lo que ha conllevado un aumento desproporcionado de la conflictividad judicial del Ayuntamiento. Así, asegura que “se presentan una y otra vez recursos en procesos que se saben perdidos, con el único fin de dilatarlos en el tiempo por razones de oportunidad partidista de PP y CC, algo que pagamos todos los portuenses de nuestros bolsillos”. Es lo que ha ocurrido, a su juicio, en los litigios relativos a la tasa de ocupación de la vía pública y a los conflictos con el personal municipal, entre otros.

Hernández sostiene que, “incluso en el caso de no haber podido disponer de la asistencia jurídica gratuita del Cabildo, y dada la considerable cantidad de dinero empleado con este fin, al Ayuntamiento le habría salido más rentable contar con un servicio jurídico propio, en lugar de tener que estar contratando constantemente a empresas y profesionales externos”.

Para el portavoz y concejal de la Asamblea Ciudadana Portuense, los 435.000 euros destinados a la defensa jurídica del Ayuntamiento en los últimos años demuestran que “el eterno argumento del grupo de gobierno de que no hay dinero para mejorara los servicios es, como mucho, una verdad a medias”, y que se trata, fundamentalmente, de una “cuestión de priorizar en qué se quiere y en qué no se quiere gastar”.