La ACP reclama al gobierno local que deje de contratar a Seguridad Integral Canaria por sus impagos al personal

La Asamblea Ciudadana Portuense (ACP) denuncia que el grupo de gobierno en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, conformado por el PP y CC, ha adjudicado de manera directa a Seguridad Integral Canaria el transporte del efectivo recaudado en la Tesorería Municipal a las entidades financieras, a pesar de los incumplimientos de esta empresa con sus trabajadores y de las numerosas infracciones constatadas en materia laboral. Para la formación asamblearia, es inadmisible que el consistorio continúe otorgando contratos a dedo a una empresa que lleva meses sin pagar a gran parte de su plantilla y que atenta sistemáticamente contra los derechos de sus trabajadores. 

La ACP destaca que Seguridad Integral Canaria, propiedad del empresario Miguel Ángel Ramírez, ha sido denunciada ante la Fiscalía por el Gobierno de España debido a infracciones detectadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. De igual forma, subraya las sucesivas sentencias que ha emitido el Tribunal Supremo anulando los descuelgues de sus convenios colectivos por haberse llevado a cabo con un comité de empresa amañado.  

En las últimas semanas ­–señala la Asamblea Ciudadana Portuense– Seguridad Integral Canaria ha saltado de nuevo a la actualidad, junto a otras empresas del mismo propietario, por llevar más de dos meses sin abonar el salario de su personal, lo que ha desembocado en huelgas y protestas en todo el país, dado que Ramírez acapara adjudicaciones de servicios de vigilancia y limpieza en edificios públicos de numerosas administraciones. 

En este contexto, la ACP rechaza que el gobierno municipal siga concediendo servicios a esta empresa, en lugar de apostar por un modelo de contratación responsable que tenga en cuenta las condiciones laborales y no solo el precio ofertado. La formación asamblearia recuerda que este mismo año el Pleno del Ayuntamiento portuense acordó desarrollar la introducción de cláusulas sociales en la contratación y vigilar especialmente el sector de la seguridad privada dado su alto nivel de conflictividad, algo que, a su juicio, se ha incumplido manifiestamente en este caso.