Arcila lleva a la Comisión de Control las demandas de estabilidad laboral del personal municipal indefinido

El portavoz de Sí se puede reprocha al concejal de Recursos Humanos la aprobación de la Oferta Pública de Empleo sin negociar suficientemente con la representación sindical

El portavoz de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Fernández Arcila, lleva las demandas de estabilidad laboral del personal municipal indefinido a la Comisión de Control que se celebra este jueves, 13 de diciembre. Arcila reprocha al concejal de Hacienda y Recursos Humanos Juan José Martínez, que la Junta de Gobierno municipal haya aprobado el pasado lunes la Oferta de Empleo Público (OPE) del Ayuntamiento para 2017 y 2018, “sin negociarla suficientemente con los sindicatos y sin agotar los plazos máximos a los que se había comprometido en su anterior comparecencia en la Comisión de Control sobre este mismo asunto”.

El portavoz de Sí se puede asegura que una de las condiciones básicas para lograr la estabilidad laboral del colectivo de 300 trabajadores y trabajadoras indefinidos e interinos de la corporación era “la suspensión de la oferta pública de empleo hasta que se lograra un acuerdo con el personal a través de su representación sindical”, insiste, tal como ya planteó ante el pleno al defender una moción en este sentido en julio pasado. 

A juicio de la organización ecosocialista, ambas partes debían haber consensuado el proceso selectivo relacionado con estos puestos de trabajo, al integrar en la oferta pública de empleo los derechos adquiridos por el personal que lleva más de una década en situación indefinida por fraude de ley. Asimismo, como resultado de esa negociación, tendría que haberse considerado como “factor preponderante a analizar la experiencia acreditada del personal funcionario interino y del indefinido”, señala Arcila.

Sin embargo, en contra de lo anunciado, el gobierno decidió aprobar la OPE el lunes pasado en lo que constituye una imposición que causará problemas a la corporación.

El portavoz ecosocialista plantea la necesidad de “encontrar soluciones extraordinarias ante hechos excepcionales”, consecuencia de un fraude de ley cometido por el Ayuntamiento a raíz de la excesiva duración de la contratación temporal. La corporación es el único responsable de no haber convocado las plazas durante una veintena de años cuando la ley lo exigía para garantizar la estabilidad en el empleo.

La mayor parte de la plantilla afectada ha prestado servicio en las dependencias municipales durante más de diez años, en ocasiones hasta 20 y 30 años, en una situación de absoluta incertidumbre, lo que ha condicionado durante este tiempo sus expectativas laborales, al tiempo que ha permitido adquirir una experiencia y formación que redunda positivamente en el funcionamiento del Ayuntamiento. Se trata de circunstancias que debían haberse tenido en cuenta al lanzar la oferta pública de empleo municipal.

Las personas afectadas por esta medida se encuentran actualmente en una situación de personal laboral indefinido, como resultado de una sentencia judicial o de una relación funcionarial de interinidad. La incertidumbre judicial en torno a estos puestos de trabajo viene dada por las numerosas cuestiones elevadas por los juzgados españoles al Tribunal de Justicia Europeo por el incumplimiento de la Directiva Europea 1999/70/CE sobre el trabajo de duración determinada.

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