Sí se puede pide al alcalde de Tegueste acceso a la información sobre el expediente sancionador a la UTE concesionaria del alumbrado público

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Manuel Martín advierte que, de no haber efectuado actuación alguna, se podría haber incurrido en una infracción muy grave.

La sanción estaba fijada en 512.000 euros en concepto de indemnización y el expediente caducó por negligencia del gobierno municipal de CC-PP [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Sí se puede ha pedido al alcalde de Tegueste acceso a la información sobre las actuaciones para dar continuidad al expediente sancionador contra la empresa concesionaria del servicio de alumbrado público. La intención del grupo municipal ecosocialista con la solicitud registrada este miércoles en el Ayuntamiento de Tegueste es conocer el informe externo al que se refirió el grupo municipal de CC en el pleno de marzo; en caso de no haberse emitido aún ese documento, Sí se puede pide al alcalde acceso al expediente de contratación para su elaboración.

El portavoz del grupo municipal de CC aseguró en la sesión plenaria de marzo pasado que se había encargado un informe externo en relación al citado expediente, y que sus conclusiones se propondrán como punto de partida tras su análisis por parte de la Secretaría y la Intervención municipal. Esa fue la respuesta del grupo de gobierno a la pregunta de Sí se puede sobre las gestiones que se habrían puesto en marcha para reanudar la incoación del expediente de sanción por valor de 512.000 euros, por retrasos en la ejecución de las obras de mejora y renovación de las instalaciones, así como inversiones de ahorro energético.

Al respecto, la organización ecosocialista ha advertido en diversas ocasiones, y así vuelve a hacerlo el portavoz del grupo municipal, Manuel Martín, en el documento registrado este miércoles, sobre la gravedad de la infracción que supondría no haber efectuado actuación alguna para reanudar el expediente de sanción. Dejar caducar un expediente sancionador a una empresa que gestiona un servicio público por el incumplimiento del contrato puede tener importantes repercusiones judiciales.

 

Mala gestión

El expediente caducó por negligencia del gobierno municipal de CC-PP en su gestión, al vencer el plazo máximo establecido, de seis meses, para dictar la resolución y notificarla a la empresa. Cabe destacar que la persona encargada inicialmente de gestionar el expediente sancionador fue un asesor del ayuntamiento contratado también por la propia empresa concesionaria, que no emitió el informe de valoración requerido, motivo por el que finalmente fue la arquitecta municipal la que tuvo que fijar la propuesta de sanción.

Una vez caducado, la Junta de Gobierno Local facultó al alcalde para encargar la realización de informes técnicos y jurídicos para determinar la procedencia de iniciar un nuevo expediente sancionador, mientras que Sí se puede ha planteado en dos ocasiones al pleno una moción para reabrir el proceso sancionador. En la sesión plenaria de finales de enero, la moción fue rechazada solo por el equipo de gobierno. Entonces, el alcalde se comprometió a investigar el caso y decidir si debían seguir para adelante o no con la sanción, sin tenerse más noticias sobre el caso. En el primer intento de abordar esta moción, en el pleno de noviembre de 2016, el asunto concluyó con la expulsión del portavoz de Sí se puede del salón de plenos por parte del alcalde expulsó de la sesión del pleno al portavoz de Sí se puede.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

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