Los “beneficios” de la liberalización de las ITV. José Hernández

Hace unos días junto con un compañero, nos reunimos con dos miembros del comité de empresa de una ITV de la isla de Tenerife. Un par de horas que me sirvieron para cambiar totalmente mi punto de vista sobre el trabajo del personal de las ITV y la importancia de éste.

Desde hace ya varios años, el personal de las ITV de Canarias lucha contra una casi inminente liberalización del sector. Es habitual ver en foros de opinión la alegría de mucha gente por esta medida, pero no conozco ninguna liberalización que haya beneficiado nunca al contribuyente, ejemplos claros tenemos en el sector eléctrico, donde ha aumentado la factura más de un 70% o el de la telefonía, donde pagamos los precios más altos de la Unión Europea. Quizás sea el momento de analizar qué conlleva la liberalización de las ITV y sus posibles consecuencias.

La liberalización en el Estado Español de las ITV viene precedido en gran medida de la palabra corrupción. El caso más famoso es el llamado caso ITV en Catalunya o algún otro caso en Castilla la Mancha. Pero lo más significativo de la liberalización viene de una estadística de la Comunidad Valenciana, donde se pasó de un índice de rechazo de poco más de un 30% a alrededor de un 2%. Estas cifras nos podrían hacer pensar que ha sido un éxito, pero la realidad es otra. Cuando el gobierno decide liberalizar un sector, lo que realmente está haciendo es poner en manos privadas algo que hasta ese momento tenía un control público, dicho esto, es fácil entender que el objetivo máximo de la empresa privada es la maximización del beneficio. En las ITV, el beneficio lo da el cliente, por lo que cuantos más clientes se hagan, más beneficios se tienen, por este motivo tampoco nos interesa rechazar coches, ya que sino perderíamos a nuestro cliente. La consecuencia es que los coches apenas se revisan con el peligro que esto supone para la seguridad vial. A esto hay que añadirle la nueva vuelta de tuerca que quiere dar el gobierno del Partido Popular, acabando con el régimen de incompatibilidades y dando permisos para que talleres o fábricas de automóviles puedan montar sus propias estaciones de servicio, esto es, puedan ser juez y parte a la vez. ¿Alguien piensa que su mecánico de confianza le va a rechazar el coche porque las cubiertas están lisas o porque tiene la suspensión en mal estado?

En la actualidad en Canarias las ITV se encuentran en régimen de concesión. En el año 2003, el por entonces Consejero de Industria del Gobierno de Canarias Julio Bonis, prorrogó la concesión a las dos empresas privadas que prestan el servicio en la Comunidad,  hasta el 2018 en las islas capitalinas y hasta el 2025 en el resto, sin sacarlo a concurso, para que pudiesen optar nuevos operadores. Pasados cuatro años, el Gobierno Canario, saca el Decreto 93/2007 de 8 de mayo por el que se establece el régimen de autorización para la prestación del Servicio de Inspección Técnica de Vehículo en la Comunidad Autónoma de Canarias y por el que se aprueba el Reglamento de instalación y funcionamiento de Inspección Técnica de Vehículos. El Gobierno de Canarias aprueba un Reglamento después de prorrogar una concesión, arriesgándose a indemnizaciones millonarias. Ya con el funcionamiento actual, los trabajadores y trabajadoras reciben presiones para que hagan la mayor cantidad de coches que puedan obviando  parte de las revisión, así como bajar el índice de rechazos para captar la mayor cantidad de clientes posible. Según el Reglamento de Organización y Régimen Jurídico de la Concesión de Inspección Técnica de Vehículos de las Islas Canarias con el objetivo de que las inspecciones se realicen con eficacia, el número máximo de inspecciones por línea y hora (con dos inspectores por línea) será de 8 inspecciones en vehículos ligeros, 7 para línea universal y 6 vehículos pesados. La realidad es que se están haciendo una media de 40 vehículos la hora, cinco veces más del máximo permitido. Es obligación de la Consejería de Industria el velar por el cumplimiento de estas normas, pero no existe personal suficiente para llevar a cabo un control, si esto ocurre en la actualidad, ¿qué ocurrirá con la liberalización y con un número de estaciones mucho mayor? Cuando un/a inspector/a de ITV firma una inspección como favorable, está certificando que el vehículo está en condiciones de circular. Como suele ocurrir, si hubiese un accidente y se demuestra que es por un defecto que no fue advertido al pasar la inspección técnica, quien responde será el jefe de inspectores, nunca el responsable de la estación donde fue pasada la ITV que presiona para que se hagan la mayor cantidad de inspecciones y el menor índice de rechazos posible.

Llegados a este punto, podríamos hacernos unas preguntas, ¿qué pasa si uno de nuestros hijos viaja en una guagua cuya ITV fue pasada por un mecánico amigo? ¿y si viajamos en nuestro coche, creyendo que lo tenemos todo en buen estado, pero el camión que viene detrás no tiene los  frenos en condiciones, pero tiene pasada la inspección técnica de vehículos por su mecánico de confianza? Existen cientos de supuestos que deberíamos plantearnos antes de pensar las bondades de que nos pasen la ITV sin mirarnos el coche.

Quizás más que liberalizar, el Gobierno de Canarias, lo que debería es recuperar la concesión y que las ITV vuelvan a ser gestionadas directamente por el Estado, esto conllevaría que los inspectores pudiesen hacer bien su trabajo sin presiones de empresarios, con la consiguiente repercusión en la seguridad vial, así como una serie de ingresos que tal y como se presenta el panorama, no vendrían nada mal a las maltrechas arcas canarias.