Dicha propuesta es inmediatamente asumida por Rajoy, con el compromiso de realizarla de forma urgente, escenificando así un nuevo Pacto entre el PSOE y el PP, de sumisión a los poderes financieros y de desprecio a la ciudadanía.
El “límite del gasto” no es una cuestión técnico-económica, es un tema político central. Se trata de la capacidad del Estado de ejercer como agente redistribuidor en beneficio de los que menos tienen. Aunque se habla de gasto en realidad de lo que se trata es de inversión en el bienestar de los ciudadanos: se concentra en pensiones, sanidad, educación, servicios domiciliarios, servicios sociales, vivienda, etc.
La limitación del gasto y de la capacidad de endeudamiento constituye una embestida directa al Estado Social y de Derecho y a las políticas públicas que redundan en el bienestar de los ciudadanos. Nos sitúa ante un verdadero golpe de estado institucional por el que se cambia la propia definición de “Estado social y democrático de Derecho” (art. 1.1 de la Constitución) sustituyéndola por el modelo de Estado neoliberal; pero también usurpado la soberanía, que según el art. 1.2, “reside en el pueblo español”, a favor de ese mito llamado “los mercados” del que emana directamente esta reforma Constitucional.
Zapatero -y con él el PSOE- se pliega nuevamente a las exigencias de Merkel y Sakozy, ofreciendo esta reforma exprés para “calmar a los mercados”, sin referéndum, en pleno periodo vacacional y a dos semanas de la disolución anunciada del Parlamento. Para ser aprobada en lo poco que queda de legislatura, la proposición de ley debe presentarse el viernes, para que el pleno del Congreso la apruebe en lectura única el 1 de septiembre. La semana siguiente, el Senado la ratifique. Visto y no visto. Sin tiempo ni siquiera para presentar enmiendas, hurtando cualquier tipo de debate público.
El presidente soltó la bomba que dinamita el Estado Social de Derecho a mitad de su discurso en el pleno extraordinario que había sido convocado para otra cosa, justificar un nuevo “paquete de medidas anticrisis”.
El Decreto Ley convalidado en esta sesión, reduce del IVA del 8% al 4% para la compra de vivienda nueva hasta final de año (un nuevo regalo a la banca), la obligación de los médicos de recetar por principio activo y no por marca intentando recortar gasto farmacéutico, y el adelanto (que no subida) de los pagos a Hacienda que las 3.900 empresas con ingresos superiores a 20 millones a cuenta del impuesto de sociedades.
Pero ahí no terminan los sacrificios en el altar de los insaciables mercados y anuncia que el Gobierno aprobará en el Consejo de Ministro de este viernes la modificación del contrato de formación para permitir la contratación de parados con hasta 30 años, ampliando su duración hasta los 3 años, todo ello con un salario del 75% del Salario Mínimo y con una reducción de las cuotas empresariales entre el 75% y el 100%. También se amplía el plazo para convertir los contratos temporales en contratos indefinidos profundizando aún en la precariedad, y se permite al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) pagar, hasta 2012, ocho días indemnización en los despidos. Como limosna, los 400 euros para aquellos parados que no cuentan con otros ingresos que concluyó el pasado 14 de agosto, el Gobierno lo alargará seis meses más, pero los desempleados deberán participar en un programa de inserción laboral.
La reacción ciudadana a este nuevo expolio está siendo impresionante, se extiende vertiginosamente un clamor para que sea sometida a consulta popular, este clamor tiene que convertirse en movilización social hasta cristalizar en la exigencia de referéndum para aprobar o no la reforma de la Constitución. Sólo desde la movilización unitaria podremos frenar esta nueva agresión.
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