Esta licitación supondrá, con toda seguridad, la decisión más importante que adopte el equipo de gobierno insular antes de las próximas elecciones locales y despertará, con igual certeza, desbocadas apetencias de las grandes empresas del sector para adjudicarse el servicio, muchas de ellas dispuestas a transgredir las más elementales normas de la libre competencia. A esa inoportuna coincidencia de elecciones insulares y licitación de un servicio que facturará centenares de millones de euros debemos añadir un nuevo elemento para la reflexión; el plan que regula los residuos en la isla prevé para ese nuevo período de concesión la eventualidad de la instalación de la incineradora, que también tendrá un coste de centenares de millones de euros con lo que, muy probablemente, estamos a las puertas de presenciar un absoluto descontrol político sobre uno de los asuntos más trascendentales para la isla. Pero no sólo nos debe preocupar este previsible desgobierno, desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental de Tenerife la instalación de la incineradora supondrá la derrota definitiva de la apuesta ciudadana por un modelo gestión sostenible basado en reducir, reutilizar y reciclar, y dejará a los vecinos de Arico con un problema de salud ambiental de primera magnitud.
Para elevar el nivel de preocupación nos encontramos con que, en este asunto, Ricardo Melchior, cual generalísimo, ha dejado las cosas atadas y bien atadas, manteniendo al frente del área insular de residuos a un destartalado escudero, fiel a lo que le ordene el presidente in péctore, e incorporando a esta anquilosada guardia pretoriana a un asesor sin ocupación, firme defensor de la incineración de residuos. En este descorazonador panorama debemos añadir al nuevo presidente del Cabildo que ha respetado ese coto vedado, al menos hasta que se resuelva estos contratos millonarios, y al partido socialista, que si bien en el pasado jugó un papel destacado en la polémica sobre la incineradora, ahora ha decidió hacer mutis por el foro para no perturbar el pacto de gobierno y de su presidente in péctore.
Si este es el escenario que tendremos estos años en materia de residuos, es evidente que debemos transformar el silencio interesado del Cabildo en un atronador rechazo a los modos políticos y a los modelos que nos quieren imponer, informando a la ciudadanía de los éxitos de otros modelos más sostenibles como los que se vienen aplicando en Cataluña y en el País Vasco. En este cambio, los movimientos vecinales y ecologistas, los ayuntamientos y los grupos municipales con mayor convicción ambiental y democrática debemos empezar a tomar la palabra.
*CONCEJAL DE SÍ SE PUEDE EN EL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ
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