A kilómetros de allí a la misma hora, en muchas ciudades españolas, la población salió a la calle para reivindicar democracia, exigiendo la celebración de un referéndum sobre la jefatura del Estado, que no nos impongan una monarquía, y pidiendo respeto a la soberanía popular; sencillamente poder decidir sobre las grandes cuestiones, tal y como contempla la Constitución en su artículo 92, cuando reconoce que las decisiones de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos.

Pero sucede que la democracia está secuestrada. Algunos tienen miedo al pueblo y a un verdadero cambio. Las prisas por cerrar en falso todo debate sobre los grandes temas están mostrando con absoluta nitidez y descaro este secuestro de la soberanía popular. Un régimen bipartidista, injusto y desigual hace aguas sostenido sobre la mentira, la corrupción y la defensa de los intereses de unos pocos.

Los mismos que se pusieron de acuerdo hace dos años en pergeñar a carrera limpia una reforma constitucional que prioriza el pago de la deuda frente a la inversión social, se han puesto de acuerdo otra vez para abrir el camino a un nuevo reinado en pleno siglo XXI, saltándose a la torera en su corre y corre hasta el mismo reglamento del Senado. Aquellos que esgrimen la Constitución y la legalidad como una espada, como un corsé ceñido y perpetuo, cada vez que se les reclama que escuchen el sentir del pueblo y que legislen en beneficio de las mayorías -por ejemplo para impedir los desahucios-, están dando cortesanamente todas las facilidades al sellado cosmético y hermético del sarcófago del régimen, a cambio de consagrar su status quo privilegiado, aunque eso sí- con un cada vez menor refrendo popular a sus descaradísimos cambalaches anti democráticos.

Pero señorías la prisa es siempre mala consejera.