El 76% de las propiedades inmatriculadas por la Iglesia católica entre 1998 y 2015 carecían de certificación legal de propiedad, siendo como mínimo opacas
Vanesa Martín, portavoz de Sí se puede Canarias, asegura que el Gobierno canario mantiene una política sostenida de subvenciones directas destinadas al patrimonio propiedad de la Iglesia católica que plantea serios interrogantes desde el punto de vista de la laicidad institucional, la equidad en el uso de los recursos públicos y la necesaria transparencia jurídica en la gestión del patrimonio cultural del Archipiélago.
Según datos oficiales y resoluciones recientes, la Comisión Mixta Iglesia Católica–Administraciones Públicas de Canarias ha autorizado la restauración de 29 bienes eclesiásticos pertenecientes a las diócesis de San Cristóbal de La Laguna y de Canarias, por un importe aproximado de 1.049.593,19 euros. Estas actuaciones se amparan en el marco de colaboración previsto en la Ley 11/2019 de Patrimonio Cultural de Canarias, en un contexto en el que el patrimonio eclesiástico representa en torno al 25% de los Bienes de Interés Cultural (BIC) del Archipiélago, frente a la infrarrepresentación de otros elementos patrimoniales como los arqueológicos, los paleontológicos, los etnográficos o los industriales, mucho menos representados por lo que entienden como “variables más ideológicas que científicas”.
A estas intervenciones se suman numerosos convenios nominativos y adendas suscritos durante 2024 entre ayuntamientos, cabildos insulares y las diócesis canarias, que incluyen aportaciones económicas para restauración de bienes muebles e inmuebles, digitalización de archivos parroquiales o financiación directa de actos religiosos. Solo en Tenerife, las distintas adendas y convenios aprobados dentro del Programa Insular de Patrimonio Histórico 2023-2027 superan ampliamente el millón de euros, consolidando un modelo de financiación directa y recurrente.
Para la formación ecosocialista resulta grave el flujo constante de fondos públicos mientras se mantiene en muchos casos la opacidad jurídica que rodea la titularidad de buena parte de estos bienes. Entre 1998 y 2015, la Iglesia católica inmatriculó en Canarias 532 propiedades, de las cuales el 76% carecían de certificación documental de propiedad. Estas inmatriculaciones, realizadas al amparo de legislación predemocrática y de la reforma impulsada en 1998, han tenido un impacto especialmente grave en islas como La Gomera, La Palma, El Hierro, Tenerife o Gran Canaria, donde la práctica totalidad de los bienes inscritos carecen de título acreditativo.
Aseguran que “las administraciones públicas continúan destinando recursos económicos a la conservación de estos inmuebles sin que se haya completado un inventario público, exhaustivo y transparente del patrimonio inmatriculado, ni se hayan impulsado acciones jurídicas para revisar o revertir aquellas inscripciones realizadas sin garantías suficientes”.
En el conjunto del Estado, Canarias destaca también por el volumen de subvenciones concedidas a entidades religiosas. De acuerdo con los datos recopilados a partir de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) en 2023, el Archipiélago ha destinado 28.962.724 euros, situándose entre las comunidades autónomas con mayor aportación económica, por delante de territorios como Baleares, Asturias o Cantabria, y en un nivel comparable al de comunidades con mayor población. “Este peso de subvenciones directas y sin someterse en la mayoría de los casos a procedimientos de igualdad de oportunidades, evidencia que no se trata de un fenómeno residual, sino de una política pública estructural que requiere una revisión profunda”, afirman. Reclaman que, tal y como se espera de una sociedad plural y diversa como la canaria, “se refuerce el carácter laico de las instituciones públicas, garantizando que los fondos públicos se destinen al interés general y no a un trato preferente o rivilegiado de bienes pertenecientes a una confesión religiosa concreta”. Entienden que la conservación del patrimonio histórico y cultural es una responsabilidad colectiva, pero debe abordarse desde criterios objetivos, públicos y no discriminatorios, apostando por un trato igual y no diferenciado, frente a otros titulares de bienes patrimoniales.
Ante esta situación, consideran imprescindible avanzar hacia una mejor regulación jurídica de los aportes económicos a la Iglesia en Canarias, que haga que el Gobierno canario afronte con claridad:
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La sustitución de subvenciones nominativas por procedimientos públicos, competitivos y no confesionales.
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La clarificación de las obligaciones de conservación que corresponden a la Iglesia como propietaria privada de estos bienes.
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La elaboración de un inventario público del patrimonio inmatriculado y el impulso de acciones legales para la defensa del patrimonio de titularidad pública o de origen comunitario.
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El refuerzo efectivo del principio de laicidad, garantizando que las instituciones públicas no actúen como financiadoras privilegiadas de una confesión religiosa.
“Avanzar en la laicidad no supone cuestionar creencias ni tradiciones, sino asegurar la igualdad de trato, la neutralidad institucional y el uso responsable de unos recursos que pertenecen a toda la ciudadanía. Canarias tiene hoy la oportunidad —y la responsabilidad— de abrir un debate riguroso y valiente sobre patrimonio, legalidad y democracia”, apostilla Vanesa Martín.
