Las islas duplican la tasa de pobreza, en comparación con las otras siete regiones que acumulan el 30% del turismo del planeta, un ejemplo del injusto reparto de la riqueza generada
La portavoz de Sí se puede Canarias, Vanesa Martín, ha mostrado su preocupación ante los datos recogidos en el Diagnóstico y Análisis Multisectorial del estado de los Servicios Sociales en Canarias y en el XV Informe El Estado de la Pobreza. Canarias 2025, que evidencian la necesidad urgente de reforzar las políticas sociales en el Archipiélago.
Desde la formación ecosocialista se reclama un plan de choque en materia social, acompañado de un incremento sostenido de la financiación, especialmente dirigido a los municipios, que constituyen el primer nivel de atención para la ciudadanía. Consideran dramático que, “en un momento de crecimiento desmedido del número de turistas y de récord de ingresos, que nuestra tierra siga sufriendo falta de inversión y datos de pobreza como los actuales, muestra la mala gestión”.
Actualmente, Canarias destina alrededor de 85 euros por habitante a servicios sociales, mientras que solo un 8% del presupuesto municipal se dedica a esta área, una cifra considerada insuficiente incluso por la propia Administración autonómica. Esta situación contrasta con la importancia de los servicios sociales como pilar del Estado del bienestar, junto a la educación, la sanidad y las pensiones.
La magnitud del problema social en las Islas queda reflejada en los datos: tres de cada diez personas están en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que se traduce en que dos de cada diez residentes son beneficiarios directos del sistema y tres de cada diez mantienen algún tipo de contacto con los servicios sociales.
El XV Informe sobre pobreza revela que 695.402 personas (31,2% de la población) se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, situando a Canarias como la quinta comunidad autónoma con mayor tasa AROPE, por encima de la media estatal. Además, 550.728 personas viven bajo el umbral de la pobreza y unas 225.000 en situación de pobreza severa, con ingresos inferiores a 644 euros mensuales. Recuerdan que Canarias es una de las siete regiones del planeta que acumulan el 30% del turismo global, con unas cifras de negocio de muchos miles de millones, siendo uno de los pocos que duplican la tasa de pobreza en comparación con el resto de territorios.
Aunque algunos indicadores han mejorado ligeramente en el último año, desde Sí se puede advierten de que persisten desequilibrios estructurales que impiden una recuperación equitativa. Entre ellos, destacan la carencia material y social severa, que afecta al 10,8% de la población, y la baja intensidad en el empleo, que continúa por encima de la media nacional.
El diagnóstico presentado señala, además, que sería necesario incrementar el presupuesto en políticas sociales en 55 millones de euros anuales, así como corregir el reparto desigual de recursos y la elevada carga financiera que soportan los ayuntamientos.
En este sentido, Vanesa Martín subraya que los municipios no están pudiendo desarrollar plenamente las competencias que les atribuye la Ley de Servicios Sociales de Canarias, como la planificación, evaluación y gestión de prestaciones, debido a la falta de recursos económicos y humanos suficientes.
Asimismo, el informe pone de manifiesto una brecha significativa entre el marco legal y su aplicación real, agravada por el desconocimiento ciudadano: solo el 21,4% de la población conoce la ley y apenas el 8,7% el catálogo de prestaciones disponibles.
Ante este escenario, Sí se puede insiste en la necesidad de aumentar la inversión estructural, fijar mínimos por habitante y reforzar los servicios sociales comunitarios y especializados, que abarcan ámbitos como la atención a la dependencia, la infancia, la discapacidad, las adicciones o la violencia de género. “La realidad social de Canarias exige menos diagnósticos y más acción. Es imprescindible garantizar una financiación suficiente para que los servicios sociales puedan responder a las necesidades de la población”, concluye la portavoz ecosocialista.
