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Arcila preguntó por primera vez sobre este asunto al concejal de Hacienda en el pleno de julio de 2011
Creen que se deben aplicar las propuestas contenidas en la ILP por una Ley Canaria de Educación, presentada ante el Parlamente de Canarias con 35.000 firmas
Pedirán al Parlamento de Canarias que se repruebe este tipo de declaraciones que tratan de engañar a la población mediante argumentos insostenibles e insolidarios
Denuncian que la nueva Ley de Mutuas supone un paso más en el proceso de privatización del sistema sanitario público
El Día Internacional de los Trabajadores viene precedido por los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al primer trimestre del 2013 que sitúa en más de seis millones el número de desempleados.
Creen que el rector Eduardo Doménech intenta manipular la verdadera cara de esta nueva normativa, engañando una vez más a los estudiantes
Hacemos un llamamiento a la población canaria a responder tanto en la calle como en las instituciones dando un “no” rotundo a esta apuesta neoliberal
La organización muestra su asombro por la actitud cautiva del PSOE
Los concejales de la oposición consideran posible combinar el uso de la playa y la seguridad mientras se vuelve a arreglar la escollera
Consideran que el grupo de gobierno ha demostrado una clara desidia y permisividad con estas dos empresas constructoras
La formación de izquierdas cree que ha llegado el momento de que las organizaciones sindicales en Canarias convoquen una huelga general
La primera reunión fue con la Asociación de alumnos del Instituto de las Veredillas, en el barrio del Sobradillo en Santa Cruz de Tenerife
Sí se puede solicita una auditoría sobre las pérdidas de Emmasa
Las prisas por acompasar la aprobación del documento al calendario electoral les hacen poner una reunión en día inhábil y echan por tierra todo el proceso de participación
Arcila pedirá al pleno que encargue una auditoría que evalúe los déficits anuales de la empresa, que ascienden a 8,5 millones en cinco años
Creen que un simple ahorro empresarial no justifica que se ponga en peligro la salud de las personas y de los animales