Sí se puede apoya las movilizaciones convocadas en defensa de los Servicios Sociales municipales para este jueves 10 de diciembre en coincidencia con la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos y se suma a las demandas de derogación de la llamada Ley de reforma de la Administración Local, que significará la desaparición de los servicios sociales municipales, especialmente en los municipios de menos de 20000 habitantes (la mayoría en Canarias), a partir de la entrada en vigor de los contenidos de servicios sociales de la ley, desde el próximo 1 de enero de 2016.
La organización ecosocialista llama a apoyar la suspensión de actividad profesional que realizarán trabajadores y trabajadoras de los servicios sociales municipales de 10:00 a 10:30 ese mismo día, así como a participar en las concentraciones previstas en Tenerife, frente al Parlamento de Canarias, y en Gran Canaria, frente a la sede de Presidencia del Gobierno Autonómico. Las acciones están convocadas por los colegios profesionales de Trabajado Social de ambas provincias canarias, y por la Red Canaria en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales (Redessscan).
Sí se puede considera que los Servicios Sociales constituyen “un derecho de la ciudadanía y deben prestarse desde el ámbito municipal, el más próximo a las personas potencialmente usuarias”, ha destacado Asunción Frías, portavoz de la comisión de Derechos Sociales de Sí se puede.y concejala de la organización en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
“Los servicios sociales deben mantener su carácter público y una dotación de recursos y presupuestaria acorde a su función social”, ha indicado Frías, que ha dedicado gran parte de su labor en el ayuntamiento de la capital tinerfeña a la defensa de estos servicios. “La dotación de los servicios sociales municipales, en estos momentos de crisis económico-social, debe ser aún mayor a la actual, para dar una respuesta digna a las necesidades de un sector creciente de la ciudadanía”.
La proximidad y el carácter público son esenciales en la prestación de servicios sociales, mientras que la ley promueve la “recentralización de las competencias”, lo que contradice las tendencias europeas en este ámbito, y “las acciones dirigidas a garantizar el disfrute pleno de los Derechos Humanos no pueden convertirse en un negocio de empresas privadas”, asegura Frías.
Sí se puede, además, coincide con los colegios profesionales y la Redessscan en un modelo de Servicios Sociales que “se aleje de la beneficencia y el asistencialismo basado en concepciones economicistas, enfoques que la ley recupera tras haber sido abandonados por insuficientes e indignos y haber sido sustituidos por un modelo basado en los derechos sociales, que están protegidos por otras leyes, a raíz de un consenso social, profesional y político construido durante la etapa de la democracia a lo largo de décadas de labor ardua”, señala la portavoz.
Igualmente, la organización ecosocialista coincide con los colectivos convocantes de las acciones reivindicativas en la necesidad urgente de abordar de forma colectiva la situación creada por la ley de forma que el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales convoque la Comisión Interministerial creada para el caso.
Sí se puede defiende también que, para abordar el asunto de forma más sólida, debe incluirse en la Constitución un articulado que equipare los servicios sociales con otros derechos universales, como están reconocidos la educación y la sanidad, y se trabaje entre todos los sectores implicados en la redacción de una Ley Marco Estatal de Servicios Sociales, tal como reclaman los colectivos convocantes.
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