Sí se puede considera que las instituciones y las organizaciones políticas deben a Canarias un Estatuto de Neutralidad

Sí se puede considera que las instituciones y las organizaciones políticas deben a Canarias un Estatuto de Neutralidad, una medida que es la reacción coherente a la expresión inequívoca del pueblo canario a favor de la paz cuando se manifestó contra la OTAN en el referéndum celebrado en marzo de 1986 en una demostración firme del proyecto pacifista de la mayoría de la sociedad canaria.

“Treinta años después del No de Canarias a la OTAN, ha habido tiempo suficiente para fijar en un marco jurídico la vocación del pueblo canario para hacer de las Islas un territorio de paz”, asegura el portavoz de la organización ecosocialista Pablo Jerez.

“La democracia se desvirtúa y queda vacía cuando los mandatos populares expresados en un referéndum no se transforman en actuaciones concretas”, asegura el portavoz, que insta en nombre de Sí se puede a los partidos políticos y a las diversas instituciones implicadas a promover y aprobar ese Estatuto. “Se trata de garantizar que Canarias figure ante el mundo como un territorio de paz, ya que la mejor política de defensa para nuestro archipiélago es impedir que toda Canarias se convierta en una plataforma internacional para la agresión y el ataque de países vecinos».

Jerez destaca que no existen obstáculos jurídicos para la declaración de Canarias como zona neutral, “es solo una cuestión de voluntad política”. Por ese motivo, Sí se puede demanda que se explore esta posibilidad en la reforma del Estatuto de Autonomía. La declaración del Archipiélago como territorio de paz significa que el gobierno español negocie con otros estados la creación de la zona neutral de Canarias, mediante la firma de un acuerdo en el que se incluya la no realización de operaciones militares –incluidas las maniobras– en la zona neutral, y la no admisión de acciones hostiles.

La neutralidad implica también un alto grado de desmilitarización y la reducción de instalaciones y suelos para uso militar en el territorio de las Islas. Asimismo, el Estado español debe dar garantías de que el Archipiélago no será utilizado para la agresión de los países vecinos y solo se activará militarmente para su defensa en caso de agresión.