Sí se puede insta al Gobierno de Canarias a ser minucioso e implacable en su investigación del caso Mediador

Sí se puede insta al Gobierno de Canarias a ser minucioso e implacable en su investigación del llamado caso Mediador. Para la organización ecosocialista canaria es imprescindible garantizar que se detectan, se escarmientan y se limpian todas las responsabilidades políticas en las diversas ramificaciones de una trama que cuestiona la gestión de la cosa pública.

A juicio de Sí se puede, es fundamental esclarecer y sancionar las tramas de corrupción, ir más allá de la colaboración de la justicia y llegar al fondo de la responsabilidad política en cualquier nivel territorial de las instituciones canarias. Si no se actúa así, dejar impune a los corruptos en el ámbito político tiene un efecto demoledor sobre el sistema democrático y su legitimidad, una consecuencia inevitable cuando, al parecer, decisiones que se toman en ámbitos ejecutivos, presentadas ante la opinión pública como motivadas por el interés común, en realidad solo responden al ansia de enriquecimiento infinito de algunas personas corruptas que se encuentran en el ámbito político y empresarial y los buscavidas que crecen y se desarrollan en ese ambiente.

El partido canario considera que hay que ir más allá de la ansiada regeneración democrática y apunta a una transformación radical que garantice la democratización del sistema político. Así, es imprescindible establecer mecanismos de prevención, control y erradicación de la corrupción, como el estatuto del denunciante, la apertura de oficinas antifraude, la generalización y profundización de la transparencia y de los sistemas de control, la regulación del funcionamiento de los grupos de presión y el control de la evasión de capitales hacia los paraísos fiscales, entre otras líneas de actuación.

En cualquier caso, para Sí se puede es imprescindible que, al mismo tiempo que se trabaja en esa línea para una democratización profunda del sistema político, se muestre la voluntad de acabar con la corrupción mediante una implicación indudable en el esclarecimiento y el castigo a las personas que se revelen responsables políticas en la trama del caso Mediador, tanto por implicación con los actos concretos como por omisión del deber de garantizar un adecuado y democrático funcionamiento de las instituciones.

La urgencia de estas actuaciones viene marcada también por la necesidad de clarificar en todos sus puntos la corrupción denunciada por el llamado mediador, ya que los datos que ha expuesto pueden constituir una estrategia de su defensa que dificulte el conocimiento de los hechos reales y porque muchos de los casos aireados hasta ahora reúnen más las características de presuntas estafas que de corrupción institucional, de ahí la importancia de conocer con precisión lo ocurrido.