La falta de apoyo, la ausencia de recursos suficientes y el escaso acompañamiento a las familias hace que la educación canaria sea uno de los territorios con menor índice de menores con discapacidad en centros ordinarios
Vanesa Martín, portavoz de la Sí se puede en Canarias, traslada la preocupación de su organización ante los datos que ubican a las aulas del Archipiélago a la cola de la inclusión de menores con necesidades especiales a nivel del Estado.
La falta de apoyo al alumnado, la ausencia de recursos necesarios y el escaso acompañamiento a las familias facilita que, frente al 85,2% del alumnado escolarizado en centros ordinarios a nivel del Estado, en un 73%, por debajo de la media.
El incremento de menores que requieren un acompañamiento, debido a una discapacidad o a unas necesidades especiales, supone, en opinión de la portavoz “un enorme reto que supone un factor que implica la urgencia de adecuar los recursos y el apoyo a las familias, para no generar elementos de discriminación y mayor riesgo para los menores en su plena inclusión”. Para Vanesa Martín, “la Consejería debe priorizar los derechos de la infancia y tomar medidas que, por ejemplo, supervise la segregación de menores con discapacidad que son excluidos de centros concertados, además de la ampliación de las aulas, las herramientas técnicas y los equipos humanos de apoyo, para garantizar el derecho a una escolarización adaptada y adecuada, en su entorno más cercano”.
Desde Sí se puede coinciden con las demandas de los colectivos que reclaman mayor número de auxiliares, pedagogos y personal docente especializado, que entienden que, “no están encontrando un respaldo efectivo de la Consejería en sus demandas”. A este respecto anuncian que van a plantear un trabajo conjunto para trasladar a las instituciones donde tienen presencia esta problemática y reclamar acciones concretas al Gobierno de Canarias para acabar con esta “peligrosa brecha en el bienestar de miles de menores”.
En este mismo sentido destacan la falta de respuesta institucional que se ha dado con respecto a las críticas lanzadas por la Plataforma Canaria de Educación Inclusiva, por el contenido de uno de los últimos decretos de la Consejería que va en la dirección de avanzar en la exclusión del alumnado con necesidades especiales de las aulas. “Que el Gobierno de CC-PP no escuche a las familias y siga facilitando la exclusión de miles de menores de los centros ordinarios tiene efectos graves en su bienestar y su inclusión, lo que vulnera todas las medidas incluidas en la normativa vigente”, finaliza.