Sí se puede denuncia que la política de depuración de aguas se limite a reaccionar ante las amenazas de sanciones

Sí se puede denuncia que la política de depuración de aguas se limite a reaccionar ante las amenazas de sanciones. La organización ecosocialista llama la atención sobre la concentración en el Valle de Güímar de los vertidos de aguas residuales sin depurar de diferentes orígenes, tanto urbanos y como del polígono industrial.

“Es lamentable que el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife, a través del Consejo Insular de Aguas, solo se decidan a tomar cartas en el asunto cuando se ven frente a sanciones, como las de la Comisión Europea por el caso de los vertidos urbanos, que se han hecho efectivas a finales de julio”, apunta el concejal del grupo de esta formación política en el Ayuntamiento de Candelaria, Agustín Espinosa.

“Si no hay sanción, nadie se moviliza, no hay política de depuración de aguas. Y ahora se hace realidad la multa por una falta de gestión que Sí se puede ha denunciado constantemente. Parece que nadie ha tenido responsabilidad en este asunto y eso no es así; tanto el Gobierno de Canarias como el Consejo Insular de Aguas han mirado para otro lado, han ido dejando pasar el tiempo con la idea de que el mar lo aguanta todo”, subraya Espinosa.

El concejal se refiere a la multa europea que ha recaído sobre el Estado español por nueve localidades urbanas con más de 15.000 habitantes que aún no depuran sus aguas residuales urbanas, lo que va a significar el pago de 11 millones de euros por semestre a contar desde la semana pasada hasta que se resuelva la situación. La concentración urbana del Valle de Güímar, que engloba a los municipios de Candelaria, Arafo y Güímar, se encuentra entre estas zonas denunciadas por la Comisión Europea y ahora sancionadas.

“Sí se puede lleva más de 10 años, desde su fundación, reclamando la depuración de las aguas residuales en todo Tenerife. Desde que presentamos estas exigencias en los Ayuntamientos de Candelaria y Güímar, hace años, cargos con distintas responsabilidades de gobierno rechazaban nuestras demandas, con el argumento de que se trataba de asuntos que solo preocupaban a los ecologistas. Ahora han caído de manera inevitable las consecuencias de este abandono, en forma de millones de euros que hay que pagar por sanciones de los tribunales europeos”, asegura Espinosa.

“En Tenerife se han invertido muchos fondos europeos para infraestructuras grandiosas, innecesarias para la Isla, como el puerto de Granadilla y la ampliación de autopistas. La inversión en depuración de aguas, una medida imprescindible en la que nos jugamos la salud del mar y la de los habitantes de Tenerife y sus visitantes, ha llegado ante la amenaza de las sanciones y ante la presión social”, añade el concejal”.