Sí se puede demanda la aplicación del uso de software libre en los equipos municipales cuatro años después de su aprobación

Pedro Fernández Arcila, portavoz de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz, preguntará en la próxima Comisión de Control municipal a la Concejala Delegada en materia de Recursos Humanos, Nuevas Tecnologías y Protección de Datos por la no aplicación de una resolución aprobada el 19 de octubre de 2007 para que los organismos públicos municipales utilizaran programas de software libre.
El concejal ecosocialista afirma que la aplicación de software libre es una medida que conlleva una mayor adaptabilidad, transparencia, independencia y ahorro para las arcas municipales. Arcila no comprende como cuatro años después de este acuerdo no se ha aplicado, “nos parece un nuevo ejemplo de ineficiencia en el uso de los recursos públicos, más aun cuando ya se podría haber amortizado sobradamente el cambio de programas”.
El uso de software libre se ha empezado a generalizar en las administraciones públicas en los últimos años, con independencia de su tamaño. Frente a los software privativos, este sistema garantiza mayor transparencia al disponer un código fuente público, es más adaptativo a las necesidades concretas de cada administración, es más independiente, al no depender de los intereses de las empresas privadas, y permite un ahorro considerable a las arcas públicas al evitar el contrato de licencias comerciales por uso del software.
Arcila demanda que Santa Cruz se sume al resto de instituciones que han optado por la aplicación de estos recursos tecnológicos, cumpliendo con el acuerdo de hace cuatro años. Igualmente cree que se debe explicar publicamente los motivos que han llevado al incumplimiento del mismo, por el coste que se ha generado para las cuentas municipales. El edil de izquierdas pedirá igualmente que, lo antes posible, se ponga en marcha el cambio hacia el software libre en el conjunto de equipos informáticos municipales y que se fomente su uso en el diseño de nuevas herramientas que favorezcan el acceso de los centros públicos a Internet, el establecimiento de planes de alfabetización digital o el apoyo a PYMES.